Habrá que ver si el INRA y la ABT cumplen la norma
Ambas instituciones deberían responder a Costas, pero no lo hacen porque no existe la Comisión Agraria Departamental
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, promulgó ayer la Ley Departamental 181 de Declaratoria de Pausa Ambiental, para prevenir nuevos desastres como el que enfrenta hoy la Chiquitania con los incendios forestales.
La norma prohíbe nuevos asentamientos humanos en las áreas afectadas por los incendios, prohíbe el cambio de uso de suelo e inmoviliza la zona damnificada, suspende las quemas y desmontes y veta la caza.
Hugo Salmón, presidente de la Asamblea Departamental, indicó que la norma está hecha conforme el artículo 300 de la Constitución Política del Estado que da competencia al departamento para proteger su patrimonio natural, como el suelo, el agua, la flora, la fauna, el aire y los bosques.
A decir del asambleísta, las oficinas regionales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), tienen la obligación de hacer cumplir esta ley, debido a que, jurídicamente, dependen del gobernador, como titular de la Comisión Agraria Departamental (CAD).
Sin embargo, se plantea la incógnita si estas instituciones, que responden a mandos directos del Gobierno central, acatarán la disposición, puesto que la CAD no opera a raíz de que el INRA, la ABT y otras entidades afines al MAS, llamadas a conformarla, no asisten a las convocatorias de Costas.
“El gobernador ha invitado a estas instituciones más de 100 veces para conformar la comisión, pero, al negarse a asistir, las sesiones no hicieron quorum”, señaló Salmón.
Posición del Gobierno
Clíver Rocha, director regional de la ABT, expresó que su despacho todavía no ha fijado una posición sobre la ley, pero considera que tiene que ser compatible con las prescripciones constitucionales. Rocha cree que la norma es un eslogan de la coyuntura política, que no representa un plan integral de restauración de suelos degradados y de áreas protegidas.
Roly Yujra, director nacional de Distribución de Tierras del INRA, no quiso referirse al tema y se limitó a decir que, por el momento, hay una instructiva del 22 de agosto que paraliza los asentamientos.
Para el abogado constitucionalista William Herrera, la Comisión Agraria Departamental está creada en los papeles, pero no en la realidad, porque al Gobierno central no le conviene. “Habrá que ver hasta dónde la Gobernación puede hacer prevalecer su ley. Se verá quiénes están en favor de defender la madre tierra y quiénes solo manejan el discurso”, opinó Herrera.
Para Fernando Asturizaga, especialista en Derecho Agrario, mientras dure la situación de emergencia por los incendios, la medida de la Gobernación es plausible, pero puede caer en saco roto, sino se adoptan medidas efectivas, como la convocatoria inmediata a la Comisión Agraria departamental para recibir información del INRA y de la ABT, sobre el estado del saneamiento, titulación y distribución de tierras fiscales.
Asimismo, se debe conformar un comité departamental público-privado de prevención y mitigación de incendios, que permita fortalecer capacidades técnicas y logísticas de monitoreo y respuesta rápida de la ABT, pero con mayor énfasis en los gobiernos locales: departamental y municipal.
