El juez a cargo del control jurisdiccional del caso debe autorizar el desprecintado de los celulares para empezar a acumular las pruebas contra los cinco procesados que tendrán una audiencia de apelación

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23 de diciembre de 2018, 3:00 AM
23 de diciembre de 2018, 3:00 AM

La detención preventiva de los cinco jóvenes sindicados de haber ultrajado sexualmente en estado de inconsciencia a una muchacha de 18 años el viernes pasado en un motel, dio paso al inicio de la etapa preparatoria del juicio oral, en la que los investigadores tienen un plazo máximo de seis meses para acumular las pruebas del delito.

Hay expectativa por ejemplo en las charlas, imágenes y videos que puedan contener los teléfonos celulares de los cinco sospechosos, aparatos que deben ser desprecintados con una orden judicial para el desdoblamiento correspondiente.

La Fiscalía ha solicitado al juez Noveno de Instrucción Penal y al Segundo de la Niñez y Adolescencia (ambos con el control jurisdiccional del caso) que emitan la orden judicial para que peritos autorizados verifiquen el contenido de los celulares.

“El derecho a la comunicación es privado y solo puede ser restringido por orden judicial. Se está esperando la orden para abrir los archivos y acceder a las charlas”, dijo Andrés Ritter, abogado de la víctima.

Obstaculización evidente

Otra evidencia considerada clave para armar el rompecabezas investigativo era la vagoneta Toyota Rav-4, color blanco con placa 3143-LDG que fue usada por los cinco jóvenes para transportarse, drogarse y acudir a un motel a violar a la joven.

El vehículo fue ocultado después del ultraje sexual y no fue entregado hasta cuatro días después del hecho, pese a que la fiscal Nancy Carrasco había emitido una resolución pidiendo la entrega del motorizado.

Es más, el juez noveno habló de la obstrucción manifiesta por la desaparición del autormotor en cuestión, por lo que cuando se realice la audiencia de apelación al fallo de la detención preventiva, este peligro de obstaculización será tomado en cuenta.

“La Sala Penal Tercera debe resolver la apelación. Una vez se señale día y hora, la defensa de la víctima, la Defensoría de la Niñez y el Ministerio de Gobierno pedirán la ratificación de la detención porque es la única medida que garantiza la presencia de ellos en el proceso, porque hay riesgo de fuga y de obstaculización”, indicó Ritter en EL DEBER Radio.

Al abogado le llama la atención que hubieran entregado el vehículo lavado la tarde del viernes 21 de diciembre en el mismo momento en que la Alcaldía estaba clausurando el motel y el local donde estuvo el grupo.

“La defensa considera que se tendió una cortina de humo para evitar las acciones. Sospecho que la Alcaldía trató de desviar la atención de la entrega con la clausura”, señaló el jurista.

El caso, que causó un repudio generalizado en la población, fue tratado el viernes en la última sesión del Concejo Municipal. La presidenta reflexionó a los padres de familia: “Qué hace un menor de 14 años en un boliche de adultos? ¿Que hacen cinco muchachos en un motel? ¿Dónde están los controles de estos centros?”, se preguntó y pidió intervenir a las secretarías de Desarrollo Humano y de Defensa Ciudadana para que realicen un control de los espacios y locales públicos de Santa Cruz.