El juicio por supuesto terrorismo se ve ‘estancado’, desde septiembre del año pasado, en la lectura del listado telefónico de los dos números que usaba Eduardo Rózsa, el acusado de liderar la célula terrorista, muerto en abril de 2008 por la Policía

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4 de marzo de 2018, 4:00 AM
4 de marzo de 2018, 4:00 AM

A siete meses de que el juicio por supuesto terrorismo cumpla seis años de peregrinar entre los tribunales de tres departamentos (Tarija, Cochabamba y Santa Cruz), el caso ingresó, desde septiembre de 2017, en una suerte de ‘empantanamiento’.   

Desde esa fecha solo se ha logrado producir una decena de pruebas documentales que presentó el Ministerio Público y aún quedan por ser judicializadas más de 30. Sin embargo, en este proceso, que para la Fiscalía es vital porque así consideran que se justifica y se prueba la participación de los involucrados en acciones de terrorismo y alzamiento armado, se ha tropezado con un documento de más de 4.600 hojas donde están los extractos de los dos números de teléfono que utilizó Eduardo Rózsa durante su estadía en el país. 

Pese a que se leen entre 15 y 20 hojas por día durante las semanas que hay audiencias de juicio en la capital cruceña, hasta el momento solo se ha conseguido ‘comerle’ al voluminoso documento un poco más de una cuarta parte, quedando alrededor de 3.000 hojas por ser leídas.

Juan Carlos Guedes y Zvonko Matkovic, dos de los tres procesados que aún guardan detención preventiva en Palmasola, consideran que este caso, al paso que avanza, seguirá por algunos años más en los tribunales, vulnerando el debido proceso y rompiendo con cualquier antecedente judicial en el país. Incluso el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se preguntó en días pasados por qué hasta ahora no se había logrado una sentencia en el proceso, que comenzó con el operativo en el hotel Las Américas en abril de 2008, donde los policías abatieron a Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi, presuntos miembros de una célula terrorista.  

Gary Prado, abogado defensor de varios de los implicados en el caso, recordó que la primera audiencia de juicio fue el 9 de octubre de 2012 y que desde esa fecha el avance del caso ha sido lento y que, en su criterio, la causa debería ser extinta y los acusados, que aún continúan presos, deberían defenderse en libertad.

Esta condición la consiguió recientemente Matkovic, que luego de 21 audiencias en las que le negaron la posibilidad de salir del penal, el miércoles los vocales paceños de la Sala Penal Tercera lo favorecieron con el cambio de reclusorio por detención domiciliaria.

“Lo que quiere la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno es cansarnos y hacernos doblar las rodillas para que nos declaremos culpables de algo que no hicimos. El juicio está adormecido”, afirmó Guedes, que en abril de este año cumplirá nueve años preso, lo mismo que Alcides Mendoza, el tercer procesado en Palmasola. 

Alberto Melgar, el ex líder cívico de Beni que consiguió la libertad provisional luego de una dura ‘batalla’ jurídica, no ve con esperanza el final de este caso y, al igual que sus compañeros de juicio, observa la lentitud con la que el proceso avanza y que pese a todos los pedidos de extinguir una causa armada, los acusadores seguirán hasta una condena.

“No creo que la detención domiciliaria de Zvonko reconfigure este proceso, porque el caso ha ingresado a una especie de adormecimiento”, aseveró Melgar, que dos semanas al mes debe viajar desde Beni, región en la que es asambleísta departamental, hasta la capital cruceña para asistir a las audiencias del juicio oral donde el avance es lento.

Los fiscales que defienden la acusación que elaboró Marcelo Soza, que al salir del país hacia Brasil argumentó ser un perseguido político del Gobierno y reveló que el caso fue armado, aseveran que existieron actos de terrorismo en el país y que las demoras se dieron por acciones dilatorias de los mismos procesados, aunque esperan que hasta el final de este año el juicio concluya con sentencia.

Esperan su libertad

Después de la decisión favorable a Matkovic, Guedes y Mendoza ya piensan en seguir el juicio desde un lugar diferente. Ellos, que tienen patologías crónicas que han ido medrando su estado de salud desde hace ocho años, creen que el fallo que consiguió Zvonko sienta jurisprudencia para tratar sus solicitudes y añaden que trabajarán jurídicamente para consolidar esos argumentos.

“Nosotros apostamos a que se vaya primero Zvonko y luego seguíamos nosotros, para conseguir nuestra libertad. Ahora no hay cómo puedan argumentar algo contrario a mí”, explicó Mendoza, que tiene un problema cardiaco crónico que demanda un dieta diferenciada en el penal, presión alta y un lesión en la rodilla de la pierna derecha.

 A decir de Mendoza, la siguiente semana presentarán un memorial pidiendo defenderse en libertad, de un juicio que, afirma, “está pa’ largo”. 

Otros detalles

Procesos abreviados
Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Kudelka, Ignacio Villa Vargas, Zoilo Salces y Gelafio Santiesteban aceptaron ser cómplices de algunos de los delitos que acusa la Fiscalía y recuperaron su libertad luego de recibir condenas convenientes a ellos.

Procesados
La acusación que presentó el exfiscal Marcelo Soza tenía a 39 personas involucradas en el hecho. De este número, los posibles autores, Tóásó y Tadic, están fuera del país y los supuestos financiadores salieron hacia otros Estados en busca de asilo político.

Gary Prado Salmón, Juan Carlos Santiesteban y Ronald castedo irán a juicio con el mismo tribunal
El médico Juan Carlos Santiesteban, el ingeniero Ronald Castedo Allerdin y el general Gary Prado Salmón, que fueron apartados del juicio oral por motivos de salud y que deben ser juzgados de manera separada, tendrán que presentarse ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, el mismo que lleva hace más de cinco años el caso sin lograr su conclusión. 

Los abogados que defienden a estos tres procesados, que debieron ir a las audiencias pese a demostrar con certificaciones médicas las limitaciones severas por sus diferentes afecciones, lamentaron que luego de un amparo constitucional se hubiera resuelto dejar que el juez Sixto Fernández, presidente del tribunal que los juzgó durante los anteriores años junto a los otros acusados, sea quien lleve adelante este nuevo procedimiento. 

“No debió ser este tribunal quien atienda el juicio, por que los juzgadores ya tienen un preconcepto de los acusados”, explicó Gary Prado, hijo del general Prado y a la vez su defensor. 

No se sabe el día, la hora ni la fecha para el inicio de este caso, mientras los tres se recuperan. El general hace poco tuvo una infección por las heridas que padece, Castedo sufre de una afección cardiaca y Santiesteban lucha contra un posible cáncer.