SEGURIDAD

El Consejo de la Magistratura destituye a dos jueces cruceños


Ayer fue detenida una verificadora de Derechos Reales, sindicada de haber colaborado con Echeverría, el exjuez registrador que ayer fue enviado por segunda vez al penal de Palmasola por otro caso en su contra


El Ministerio Público lo acusa por tres delitos, supuestamente cometidos en su puesto laboral. Foto: Jorge Gutiérrez
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11/04/2019

La Sala Plena del Consejo de la Magistratura dispuso la destitución de dos jueces cautelares de Santa Cruz y dejó en manos del Ministerio Público su procesamiento, ya que en ambos casos hay denuncias penales abiertas que los sindican de haber cometido acciones ilegales en el ejercicio de sus actividades jurisdiccionales.

La determinación fue asumida luego de un análisis sobre los casos de los consejeros Dolka Gómez, Omar Michel y Gonzalo Alcón, este último titular de la Magistratura. Las autoridades concluyeron este debate poco después de las 20:00 e hicieron conocer esta determinación, que fue tomada luego de evaluar los reiterados procesos disciplinarios que pesaban en contra de César Castro Calvimontes, del juzgado 15avo de Instrucción Cautelar en lo Penal y Álex Antezana Ayala, del juzgado 8vo de Instrucción Cautelar en lo Penal.

La situación de Castro cobró notoriedad luego de que se hiciera pública su determinación judicial, en la que ordenó dejar en libertad a un sujeto que fue encontrado en poder de más de 300 kilos de marihuana.



Respecto a la situación de Antezana, su accionar fue cuestionado luego de que determinó enviar preventivamente al penal de Palmasola a la señora Antonia Apaza Quispe, a quien el Ministerio Público acusó por biocidio y solicitó su encarcelamiento.

Ambos juzgadores, que son considerados transitorios, deben dejar sus despachos hoy y se tiene que designar a sus sustitutos en los siguientes días.

Cae presa una verificadora

En horas de la tarde de ayer policías Anticorrupción procedieron a la aprehensión de una funcionaria de Derechos Reales, que trabajaba como verificadora.



Los fiscales Luis Fernando Atanacio Fuentes, Eddy Junior Flores y Edwin Boris Enriquez, emitieron la resolución de aprehensión y acudieron ante el juez Martín Camacho, para presentar la imputación contra la funcionaria a la que acusan por los delitos de manipulación informática, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

La audiencia cautelar para definir la situación jurídica de la mujer, que quedó detenida, será realizada en esta jornada. La Fiscalía la señala como una colaboradora del juez registrador enviado a la cárcel, Alfredo Echeverría.

Respecto a la ex autoridad cruceña en Derechos Reales, el Ministerio Público llevó ayer nuevamente ante el juez Camacho a Echeverría y lo imputó, en una segunda causa, por los delitos de manipulación informática, uso indebido de influencias e incumpliento de deberes.

Los fiscales consiguieron que nuevamente Echeverría sea enviado preventivamente a la cárcel. El sindicado negó ser culpable de estos hechos y dijo que no actuó nunca con dolo.

EL PROCESO DE CAMBIOS EN DERECHOS REALES DEMORARÁ UNOS CUATRO MESES, HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE O 1 DE OCTUBRE
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, explicó que el proceso de recambio en los funcionarios que actualmente trabajan en Derechos Reales será fruto de un proceso que se puede prolongar hasta el 1 de septiembre o hasta el 1 de octubre.



“Todo este plan durará unos cuatro meses. Se tiene que lanzar la convocatoria, para que los postulantes rindan un examen sicotécnico, luego habrá una calificación de méritos y se pasará a un examen escrito y luego se realizará la designación. Sin embargo, hay que aclarar que estamos convocando a estos cargos, pero mientras tanto los actuales funcionarios deben seguir trabajando de manera normal”, apuntó Alcón y precisó que los actuales funcionarios de Derechos Reales, que cumplan con el perfil de postulación, podrán ser parte de este proceso.

“Lo que queremos es institucionalizar los cargos de nuestra institución”, agregó el consejero y adelantó que los nuevos funcionarios que salgan del proceso de selección, tendrán un periodo de funciones de cuatro años.

La autoridad judicial aclaró que los registradores y subregistradores que hay en el país, no serán cambiados en este proceso de selección, como sucederá con los 400 funcionarios.



 




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