Déficit de ítems del Gobierno desvía recursos departamentales

Para paliar el déficit de profesionales en salud, la Gobernación y los municipios cruceños se ven obligados a crear cada año nuevos ítems que disminuyen su presupuesto y los obliga a postergar la demanda de ejecución de obras o programas sociales.

En 2017, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), no recibió ningún ítem para la atención en centros de salud, según secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, Óscar Urenda; mientras que los municipios cruceños recibieron un promedio de dos o ninguno, según el presidente de Amdecruz, Rodolfo Vallejos. 

Urenda estuvo en EL DEBER Radio:

Tal es el caso de Comarapa, que en 2017 recibió solo un ítem, pese a la demanda de varias especialidades, según explicó el alcalde, Hugo Valverde. 

Urenda explicó que la Gobernación y municipios pagan 6.000 ítems a escala departamental; tal solo la Gobernación paga 1.800 ítems, lo cual representa Bs 160 millones de los Bs 300 millones presupuestados para salud. 

Según la Gobernación en 2006 la asignación de nuevos ítems fue de 253, y en 2012 se redujo a 40 ítems nuevos; para 2016 se asignaron 101 ítems nuevos y en 2017, ninguno. 

En 2013, el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, comprometió la creación de 770 nuevos ítems para Santa Cruz (El reporte acá); lo cual no se concretó y ese año se crearon 67. 

Los reportes del Ministerio de Salud, desvelan que en 2014 con la puesta en marcha del programa Mi Salud en Santa Cruz, se asignaron 174 nuevos profesionales, mientras que en 2016 se crearon 410 nuevos ítems, gestionados por la Central Obrera Departamental (COD).  

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Una demanda histórica

Urenda recordó que entre migración y nacimientos, Santa Cruz crece un promedio de 90.000 personas por año, las cuales demandan atención. Estimó que se debería destinar un médico por cada 10.000 personas;  sin embargo el año pasado no se designó ninguno. 

"Hay un abandono del Estado hacia el departamento, que no es solo de este gobierno. Pero si miramos no hay un solo hospital construido por la actual gestión. No se puede hacer salud en serio sin un Estado que lo fortalezca, ya lo decía el Padre Mateo, se debería destinar al menos un 10%.

El representante de Amdecruz, coincidió con Urenda, aunque manifestó que pidió en reiteradas ocasiones que se realice un encuentro departamental con participación del Ministerio de Salud, para resolver la problemática. 

"Lo que pasa es que el tema se maneja de manera política, pero no envían documentos de manera formal al ministerio de Salud, queremos coadyuvar con esto", indicó.

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El aspecto político

Para el secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, el valor político de la salud es innegable; atribuye a la atención de salud en las provincias el triunfo electoral del Gobernador Rubén Costas, por el 65% en 2015.

"No hacer política con la salud, si no políticas para la salud. El que quiera hacer política hoy en día, debe ofrecer salud", añadió. 

Hasta el cierre de la presenta nota, EL DEBER intentó comunicarse con representantes del Ministerio de Salud, pero no recibió respuestas. 

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El análisis

El politólogo y experto en administración y gestión pública, Marcelo Arequipa Azurduy, indicó que la asignación de ítems de salud corresponde al Ministerio de Salud, en primera instancia, como cabeza del sector a escala nacional, en coordinación con los Sedes, que deben realizar procesos de institucionalización de médicos en los centros.

"Al ser entidades políticas, en el marco de la asignación de recursos para la atención de pacientes, se supone que debe existir niveles de coordinación, pero los datos no son alentadores; según un último reporte Bolivia tiene 6 médicos por cada 10.000 personas. Lejos de los 23 que recomiendan los organismos internacionales", dijo.

Señaló además que la salud está sin duda politizada: "No creo que el criterio de asignación de ítems tenga que ver con criterios técnicos de relación población/médicos, ni mucho menos con la distribución de especialidades por departamento". 

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Normativa

El artículo 80, inciso 13, de la Ley Marco de Autonomías, señala que el nivel central del Estado debe "definir la política salarial, gestionar los recursos y financiar los salarios y beneficios del personal dependiente del Sistema Único de salud, conforme a reglamentos nacionales específicos, para garantizar la estabilidad laboral".