El ministro indica que el caso de Branko Marinkovic es diferente. La fundamentación en la que basan la acusación se sustenta por documentos financieros, contratos y cruces de llamadas telefónicas

El Deber logo
23 de abril de 2018, 7:05 AM
23 de abril de 2018, 7:05 AM

La acusación de la Fiscalía y la acusación particular del Ministerio de Gobierno en el caso denominado terrorismo II no incluyeron al gobernador Rubén Costas para ir a un juicio oral por esta segunda causa, donde hay 14 personas que son sindicadas de estar involucradas en los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo, alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración y organización criminal.

La acusación que presentó la Fiscalía ante el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz, presidido por la jueza Nancy de Altuzarra y que es acompañada por los jueces técnicos Carlos Blanco, Joaquín Moller y Ely Cañaviri, tiene como fecha de entrega el 18 de noviembre de 2014. Al siguiente año, el 20 de marzo de 2015, el Ministerio de Gobierno presentó su querella a los juzgadores, que aún no han fijado día y hora para el inicio del juicio que deberá llevarse adelante en la capital cruceña.

Las argumentaciones de ambos documentos hacen referencia a que los sindicados fueron quienes consiguieron recursos para financiar a Eduardo Rózsa y a su presunta célula terrorista. Como parte de las pruebas que ‘desfilarán’ en esta causa, hay informes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), cheques de diversas instituciones bancarias, extractos de llamadas telefónicas de los procesados, documentos sobre los contratos de alquileres y de varias reservaciones y pago de hoteles, entre otras.

El juicio para los financiadores del supuesto grupo terrorista no menciona a Costas, aunque en una imputación de 2010 aparece incluido junto a un grupo de 47 personas, de las cuales solo 14 quedaron acusadas. Además, ayer circuló una separata del Ministerio de Comunicación, donde se hace un recuento de lo ocurrido en este caso y se afirma, con base en los testimonios de Mario Tadic y Elöd Tóásó, que el gobernador cruceño tuvo contacto con Rózsa, por lo cual lo identifican como separatista.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista con EL DEBER, dijo que Costas tiene ‘culpa política’ por los hechos de 2009 y señaló que por las pesquisas realizadas por el Ministerio Público no existe contra él ningún fundamento jurídico para incluirlo en esta causa, donde su cartera de Estado es parte querellante.

Lo que dijo Carlos Romero del caso:


Además, Romero dijo que parte del liderazgo regional de aquel entonces tuvo que cargar con el error político de respaldar a la supuesta célula terrorista, situación que él consideró suficiente en este caso, pese a que un mes antes que desde su ministerio se decidiera presentar la acusación particular por el terrorismo II, ya se conocía la revelación de Tadic y de Tóásó sobre el supuesto vínculo entre Rózsa y el gobernador cruceño. 

El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, recordó que a Costas lo investigaron desde el primer momento y que las pesquisas que se llevaron adelante en diferentes ámbitos no encontraron nada en contra de la autoridad departamental. 

Nunca pudieron encontrar una sola prueba en su contra, investigaron sus cuentas, sus bienes, a su familia y a su entorno más cercano, pero no hallaron nada. Todo tuvo la intencionalidad política de mellar al gobernador, de bajar su nítido liderazgo nacional creciente, que cada cierto tiempo tratan de bajar con publicidad gubernamental”, afirmó Peña y recordó que la posición del gobernador se mantiene intacta respecto a que este caso fue montado por el Gobierno con la única finalidad de desarticular la defensa cruceña lograda durante aquellos años. 

Pocos quieren hablar
Los 14 acusados para ir a juicio oral en el caso terrorismo II son los siguientes: Fernando Paz Serrano, Zvonko Matkovic Fleig, Mario Herrera Sánchez, Luis Osvaldo Núñez Rivera, Ruth Lozada, Jeimmy Delboy, Adolfo Gandarilla Claure, Gladys France Argirakis Blacud, Carlos Alberto Guillen Moreno, Hernán Zankiz Salvatierra, Juan Carlos Velarde Roca, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Fernando Hevia Correa y Juan Kudelka Zalles.


EL DEBER trató de tomar contacto con los nombrados o con sus abogados, pero con los pocos que se pudo conversar, ellos pidieron no ser identificados y solo señalaron que esperarán el desarrollo de este caso, ya que sienten que este es un nuevo intento de perseguir a quienes lucharon por la autonomía.

Pericias y pruebas para encarar esta nueva causa

1. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Quinto de Sentencia que se lleve adelante una inspección ocular al domicilio del barrio Equipetrol, donde funcionaba La Torre, casa de campaña donde se indica se gestionaron las acciones del presunto grupo terrorista. Además, también piden que se realice el mismo trámite en el caso del Comité pro Santa Cruz.   


2. Entre las pericias que se solicitan, se pide a los juzgadores que se encargue a los peritos correspondientes la realización de una investigación financiero patrimonial de todos los acusados y de su entorno familiar.    


3. Mario Herrera, Juan Carlos Velarde, Juan Kudelka y Carlos Guillen también han sido acusados en el caso de terrorismo I, aunque cada uno ha corrido con suerte diferente. Herrera y Velarde siguen en el juicio desde hace más de cinco años, Kudelka se declaró culpable por delito de alzamiento armado y Guillen, que es sindicado de pagar los hoteles de Rózsa, huyó del país.

Te puedes interesar: