La Fiscalía dice que no pudo ubicar a víctimas del asalto al hotel Las Américas

El Ministerio Público rechazó abrir una investigación por el asalto al hotel Las Américas y aclaró que —entre otras razones— lo hizo porque no pudo ubicar a las víctimas de “tortura y vejámenes” que se pudieron cometer en el operativo. “¿Por qué no pidieron el cuaderno de investigaciones?” cuestionan desde la defensa de las víctimas.

“Es muy importante la presencia de las víctimas (y) se ha hecho lo posible para poder ubicar a las mismas, pero no se ha podido cumplir este objetivo”, afirmó este lunes el fiscal Daniel Ortuño, uno de los dos profesionales asignados al caso y que firmó el fallo de rechazo.

Además de Ortuño, la otra fiscal de la comisión es Marioly Torrez. Ambos firmaron la declinatoria de seguir la pesquisa, así como la imputación que implica identificar a los presuntos responsables de la vulneración de derechos cometidos hace 15 años en el hotel Las Américas.

Siendo presidente, Evo Morales admitió ese día desde Venezuela que él mismo había dejado “instrucciones precisas” para detener a un grupo de “mercenarios” que habían llegado al país para alentar una guerra civil y separatista.

Evo aseguró que hubo “un tiroteo de media hora”, pero un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó la hipótesis de un enfrentamiento.

El fiscal Ortuño precisó este lunes que el testimonio de las víctimas “es muy importante” porque “aportan elementos que ayudan a poder sostener o atribuir responsabilidad penal a una determinada persona”, en este caso acusaciones por torturas y vejámenes.  

Agentes de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), un grupo de la policía que fue disuelto, ingresó al hotel Las Américas; hizo detonaciones en el cuarto piso de ese hospedaje e irrumpió en las habitaciones disparando sus armas de fuego.

Como consecuencia de esa operación, el boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpad Magyaroisi y el irlandés Michel Dwyer resultaron muertos. El húngaro Elöd Tóásó y el boliviano croata Mario Tádic fueron detenidos y luego acusados de ‘terrorismo’.

La familia Dawyer así como Tádic y Tóásó denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la ejecución extrajudicial, en el primer caso, y torturas y detenciones indebidas. A esa querella se sumaron los ciudadanos Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes acusaron al Estado por vejámenes y torturas.    

La denuncia de separatismo 



El Gobierno de Evo Morales que estuvo entonces en el poder (2009) aseguró que allí estaba una “cédula terrorista" que llegó del exterior para separar a Santa Cruz del resto del país. Este acontecimiento marcó el inicio de un largo proceso legal que involucró a más de 39 personas que estuvieron bajo prisión preventiva. El caso fue cerrado en febrero de 2020.

Al existir un delito de tortura en este caso, el Servicio para Prevención de la Tortura, una oficina especializada de la Defensoría del Pueblo que antes era parte del Ministerio de Justicia, presentó una denuncia por este caso el 27 de noviembre de 2019.

El juez de la causa solicitó el inicio de la investigación en cuatro oportunidades hasta que, por efecto de la última conminatoria, el Ministerio Público decidió rechazar el caso tras considerar que “no tenían los elementos de convicción suficientes”.

“Se ve que la Fiscalía no hizo el esfuerzo para contactar a estas personas; no hizo el esfuerzo para adquirir información respecto a las vejaciones y torturas”, lamentó Gary Prado, abogado de las víctimas.

El jurista recordó que las autoridades de la Fiscalía tenían que recurrir simplemente al cuaderno de investigaciones para establecer el grado de las agresiones que sufrieron durante el operativo.

“En las primeras fojas está el informe de Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz (IDIF) que les hizo una valoración a Tadic y Tóásó cuando llegaron. Ahí se estableció que tenían escoriaciones, tenían equimosis, tenían pérdida de piezas dentales, tenían lesiones contusas. Ahí está el resultado de las vejaciones de las que fueron víctimas”, remarcó.

“Nada le cuesta al fiscal que está investigando requerir a la Fiscalía de La Paz que les mande copia legalizada de ese informe y tendrán un cuadro completo de lo que hicieron con las víctimas”, apuntó.

Pero la Fiscalía fundamentó que, pese a que durante la etapa preparatoria, desde su inicio se emitieron requerimientos y se desarrollaron diligencias en busca del esclarecimiento del suceso violento, no fueron suficientes para llegar a la verdad histórica de los hechos denunciados.

El documento señala la resolución que necesariamente debe existir mayores elementos de convicción para continuar con la persecución de la causa y que se emitió el rechazo ante la falta de pruebas y elementos contundentes porque las acumuladas no fueron suficientes.

Otra de las razones que justifica la resolución de rechazo señala “que se tiene que desde el inicio de la presente investigación que se informa al juez del control jurisdiccional el 27 de noviembre de 2019, hasta la fecha, no se han apersonado la parte denunciante, ni las víctimas Mario Tadic y Elód Tóásó para poder prestar sus declaraciones con relación a los hechos denunciados”.

El informe de la CIDH

La CIDH, que admitió la denuncia de la familia de Michel Dwyer así como de los sobrevivientes al asalto, señaló en un informe de fondo que el Estado boliviano era responsable de “ejecuciones extrajudiciales”, “torturas” y “detenciones indebidas”.

Entregó así cuatro recomendaciones vinculantes para evitar un juicio internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyos fallos son inapelables.

Para evitar ese juicio, Bolivia tendría que cumplir con la reparación de daños materiales e inmateriales, así como atender la salud de las víctimas y evitar que estos casos se repitan, además de investigar y sancionar a los responsables. El informe fue notificado a inicios de 2022.

“Si en dos años el Estado no cumplió con ninguna de las recomendaciones, pretender que en tres meses van a lograrlo es actuar con benevolencia”, reclamó Prado, porque la CIDH le concedió al Estado un plazo adicional, el sexto desde que comenzó el proceso, hasta el 27 de julio. “No me parece lo más adecuado. Es ampliar el plazo sin reparación para las víctimas”, dijo

Según el fiscal, existen cinco días para que las partes involucradas objeten el rechazo de las investigaciones. “Puede ser objetada dentro del plazo de los cinco días, como se ha señalado después de su notificación, y se remitirán los antecedentes a la Fiscalía Departamental para que el Fiscal Departamental considere la resolución”, insistió.