Este lunes se suspendió, sin nueva fecha, la audiencia de la acción popular que busca revertir el fallo constitucional sobre el predio del Mercado Mutualista. La audiencia debía instalarse a las 10:00 de manera virtual en la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de la demanda presentada por el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Rolando Schrupp, en calidad de ciudadano.
"Cuando se abre la sesión de la audiencia, el vocal Cruz informa que los expedientes los tiene Rómer Saucedo (presidente del Tribunal Supremo de Justicia) y que por eso no pueden instalar la audiencia. Pedimos medidas cautelares para que, mientras dure este proceso, no continúe lo sucedido, y aún así, el vocal Efraín Cruz negó las medidas cautelares. Han usado a Rómer como excusa para que no se instale la audiencia", apuntó Schrupp en una entrevista con EL DEBER.
El proceso fue postergado por tercera vez debido a la falta del expediente de la acción popular, situación que generó cuestionamientos sobre la coordinación entre instituciones.
"A mí no me interesa castigar a los jueces o buscar culpables, me interesa que el 'Mutualista' vuelva al juzgado donde tiene que haber estado y que el proceso sea por vía ordinaria", aclaró.
El también analista insistió en que la acción popular es, hasta el momento, el único recurso legal activo para intentar revertir la sentencia que favorece a la familia Crapuzzi, la cual ordena la entrega de los documentos del predio.
Antecedentes
El predio del mercado Mutualista es disputado por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y la familia Crapuzzi. Valorado en más de 200 millones de dólares, ambas partes aseguran ser propietarias del terreno. En ese marco, Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo a favor de la familia Crapuzzi, ordenando que el Gobierno Municipal entregue la documentación del predio.
Ante esta situación, se han activado dos acciones en defensa del terreno. Por un lado, el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Rómer Saucedo, conformó una comisión de la Unidad de Transparencia, la cual cuenta con un plazo de tres días hábiles para emitir un informe sobre el proceso.
Por otro lado, el ciudadano Rolando Schrupp presentó una acción popular con el objetivo de que el caso sea derivado a la justicia ordinaria.
Mientras tanto, el alcalde Johnny Fernández y el Ejecutivo municipal han sido cuestionados por mantenerse “de brazos cruzados”, en contraste con instituciones, sectores cívicos y ciudadanos que buscan defender el predio.
"Yo no estoy atacando el derecho propietario, estoy diciendo que el Tibunal Constitucional no tiene competencia de dar derecho propietario, eso es lo que estoy cuestionando. Y que se vaya a un juicio ordinario y ahí que 'Mamén' Saavedra (alcalde electo) lo defienda con todo", explicó Schrupp.
Cruce de versiones
Schrupp denunció contradicciones entre autoridades judiciales respecto a la ubicación del documento. Según explicó, desde la sala constitucional se indicó que el expediente estaba en manos del Tribunal Supremo de Justicia, mientras que desde esa instancia aseguraron no tenerlo. Cabe remarcar que a la misma hora de la audiencia de la acción popular, el TSJ presentaba a la comisión encargada de analiazar y revisar los procesos en el caso Mutualista.
“Uno de los dos miente: o la Sala miente o Rómer miente, pero uno o los dos están mintiendo porque los dos se pasan la pelota de que tienen el expediente. Vinimos aquí a la comisión y dicen que no tienen el expediente de la acción popular, que no lo pidieron. La sala dice que se lo pidieron, que le mandaron una instructiva. Entonces, uno o los dos están mintiendo porque ni lo tiene la sala, ni lo tiene la comisión”, señaló Schrupp.
El accionante señaló que esta situación impidió la instalación de la audiencia y también la consideración de medidas cautelares para frenar cualquier avance en el proceso mientras se resuelve el fondo del caso.
La suspensión se dio sin una nueva fecha definida, ya que, según la sala, no se conoce cuándo será devuelto el expediente. No obstante, Schrupp indicó que incluso la comisión especial instalada en Santa Cruz tampoco tendría el documento ni habría solicitado su traslado.
Asimismo, alertó que la demora podría consolidar un precedente sobre la propiedad de bienes públicos si no se resuelve a tiempo.
“Nos vamos a distraer ahorita en querer buscar culpables mientras se sigue perfeccionando toda esta situación y creando un antecedente nefasto para otros predios, como el río Piraí, para el Trompillo, para el zoológico y para todos los predios municipales", sostuvo.