La jueza de Pailón, Mery Yanet Mojica Peña, investigada por su presunta actuación irregular en el caso del mercado Mutualista, se presentó de manera voluntaria ante instancias del Ministerio Público para someterse al proceso investigativo. Su abogado defensor, Joadel Bravo, aclaró a EL DEBER que la presencia de la jueza no implicó una declaración formal, sino una “presentación espontánea”.
"No hemos prestado declaración. Lo que hemos hecho es una presentación espontánea (...) Le estamos diciendo al Ministerio Público que nos ponemos a su consideración para todos los actos administrativos que le toca hacer. Esa es la finalidad del acto de hoy día, donde se ha presentado un memorial y, como debe ser, de manera personal para que el juez verifique de que es la persona la que está firmando ese documento, que se lo ha hecho de esta manera", explicó Bravo a EL DEBER.
La autoridad judicial acudió inicialmente a oficinas del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) y posteriormente a la Fiscalía Departamental, donde formalizó su disposición a colaborar con la investigación.
Según detalló, se presentó un memorial en el que Mojica Peña señala su domicilio digital con el objetivo de agilizar futuras notificaciones y garantizar su participación en el proceso.
Bravo también desmintió versiones que señalaban una posible aprehensión o conducción forzada. “No ha habido ninguna declaración ni aprehensión. Fuimos primero a la Delcc buscando al fiscal, pero nos indicaron que estaba en la Fiscalía, por eso nos trasladamos”, precisó.
Defensa justifica actuación de la jueza
El abogado aseguró que su defendida actuó conforme a procedimiento al admitir inicialmente una acción de amparo constitucional relacionada con el mercado Mutualista.
Explicó que, en una primera instancia, se cumplieron los requisitos formales para la admisión del recurso, ya que el accionante afirmó tener domicilio en Pailón. Sin embargo, al verificarse que el conflicto involucraba un bien municipal ubicado en Santa Cruz de la Sierra y protegido por la Ley Municipal 147, la jueza determinó que no era de su competencia.
“En primera instancia, un apoderado de Crapuzzi dijo que vivía en Pailón, presentó su documentación y todo lo demás. Hasta ahí todo bien. Luego, (la jueza) admite la acción, pero cuando ve que se trata de un bien que está en Santa Cruz y que está protegido por una ley (147), entonces (mi cliente) dice que pase a consideración de algún Tribunal Constitucional en Santa Cruz, que en este caso son los vocales de la Sala Tercera", explicó.
Según el jurista, fueron los vocales de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz quienes anularon la mencionada ley, fallo que posteriormente fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre.
"Conforme el fallo, que ya es de conocimiento público, esa sala fue la que determinó anular la ley 147, no fue mi defendida. Ese fallo fue confirmado entonces ya en Sucre por los tribunos de aquella ciudad. Mi clienta no entró al fondo", añadió.
El caso se encuentra en etapa preliminar, a la espera de que el Ministerio Público fije fecha y hora para la declaración formal de la jueza.