La muerte de José Ángel Castañeta Montaño, conocido como “Cara de Bebé”, registrada tras una balacera en la zona de la Radial 26 de Santa Cruz, suma una nueva y controvertida línea de investigación luego de que su abogado, Denver Pedraza, asegurara que el crimen estaría relacionado con el presunto robo de una tonelada de droga a la organización criminal del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.
Según Pedraza, su defendido —quien falleció horas después de recibir impactos de bala— habría sido identificado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico tras sustraer, junto a presuntos efectivos policiales, una parte de un cargamento mayor de sustancias controladas.
“Estamos hablando de aproximadamente mil kilos de droga”, afirmó el jurista, quien sostiene que el robo de esta sustancia habría desencadenado una reacción violenta para recuperar la mercancía.
De acuerdo con su versión, el robo se habría originado después de la captura de Marset (13 de marzo) en un inmueble ubicado en el barrio Oriental del quinto anillo de la Radial 26, donde supuestamente existía un acopio de hasta tres toneladas de droga.
Pedraza indicó que, tras la sustracción parcial del cargamento de droga por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el entorno criminal habría iniciado una búsqueda que derivó en el ataque armado contra Castañeta.
El abogado también afirmó que su cliente habría cumplido funciones como informante de la Felcn, lo que —según dijo— explicaría el acceso a esta información sensible. En ese contexto, planteó la posibilidad de una participación de un “grupo reducido” de efectivos policiales en el robo de la tonelada de droga, extremo que deberá ser verificado por las autoridades competentes.
Sin embargo, la Policía Boliviana, a través del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, ha señalado que no existen elementos que confirmen de manera oficial un vínculo directo entre el asesinato y estructuras del narcotráfico internacional. Asimismo, descartó, por el momento, la implicación de efectivos policiales entre las personas arrestadas en el marco de las investigaciones.
El reporte preliminar indica que la víctima fue citada con el pretexto de saldar una deuda y, al llegar al lugar, fue interceptada por varios individuos que intentaron forzarlo a subir a un vehículo. Ante la resistencia, se produjo el ataque armado que terminó con su vida y dejó a un transeúnte herido.
Sobre los antecedentes de Castañeda, Pedraza recordó que en 2023 enfrentó un proceso judicial por un presunto secuestro, caso que —según su defensa— no fue probado, aunque derivó en una condena de 2 años de prisión por asociación delictuosa.
El abogado advirtió que el hecho podría no ser aislado. “Esto puede generar más hechos similares, incluso involucrando a otras personas vinculadas”, señaló, sugiriendo posibles represalias dentro de redes delictivas.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con la recolección de pruebas y la toma de declaraciones para esclarecer el móvil del crimen, en un caso que se mantiene bajo investigación y en el que todas las hipótesis —incluida la de un posible ajuste de cuentas— siguen abiertas.