Mundo

Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. denuncia homicidios de manifestantes en Nicaragua



Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. denuncia homicidios de manifestantes en Nicaragua
Escuchar el artículo   Publicidad Pausar Lectura

Hace 6 días

La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, señaló que su oficina tiene "información corroborada" sobre homicidios e intentos de asesinato a manifestantes que protestaban contra el gobierno de Nicaragua.

Las acusaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos siguen apuntando hacía una sola dirección: al despacho del presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Bachelet presentó su denuncia ante el consejo de DD.HH. de Naciones Unidas, con un detallado informe que preparó su oficina sobre la situación de estas garantías fundamentales en Nicaragua.

La Alta Comisionada, aseguró que tienen registros de que los hechos se produjeron en el departamento de Jinotega, fronterizo con Honduras, y "en al menos tres casos, de los cuales dos ocurrieron en el municipio hondureño de Trojes, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018". Frente a estos asesinatos en estas regiones remotas de Nicaragua y también en la vecina Honduras, Bachelet pidió al gobierno que investigue estos crímenes y sancione a los responsables, pero, estas denuncias fueron enseguida, descalificadas por la delegación nicaragüense durante la sesión que tuvo lugar en Ginebra, Suiza.



Ortega envió como representante del país al ministro asesor de la Presidencia para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, para ofrecer la versión oficialista y responder a estas acusaciones. En su intervención el funcionario arrancó mencionando que a Nicaragua no se le puede ver con espejo retrovisor, sino que hay que ver “la realidad actual”, que, en su opinión, es muy diferente al pasado. Para él, se respetan todos los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Jaentschke expresó que la recolección de la información para elaborar el reporte se hizo bajo "criterios parcializados" en los que se omiten directamente "actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado" de los que responsabilizó expresamente a los manifestantes. El Gobierno de Ortega, sigue eludiendo la premisa de que ha estado involucrado en violaciones a los derechos humanos y crímenes durante las truculentas protestas contra su administración, mientras cada vez un número mayor de ONG señalan lo contrario.

Bachelet aseguró que la represión contra los ciudadanos continúa en Nicaragua

La expresidenta chilena explicó además que, aunque 492 personas detenidas durante las protestas fueron puestas en libertad, hay más de 100 que continúan tras las rejas por participar en las manifestaciones este año.



En el documento se pone en relieve especialmente el tema de las libertades. Bachelet dijo que el espacio cívico ha sido reducido considerablemente como consecuencia de la aguda crisis política en la que se sumió el país desde abril de 2018. La Alta Comisionada precisó que esta situación no ha mejorado al día de hoy.

A grandes rasgos, el informe ofrece un panorama de fuerte represión del Gobierno a la oposición. Pero también muestra las preocupaciones frente al muro de impunidad que se eleva en este país centroamericano bajo el contexto de las manifestaciones que son menos masivas, pero no cesan. El acoso a activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que han sostenido posiciones críticas de Ortega, tampoco se detiene.

La economía decrece a la par que los derechos fundamentales

Bachelet, que sostiene que su oficina se mantiene en diálogo con el gobierno de Nicaragua, asegura también que antes de las protestas la nación estaba consiguiendo importantes logros en materia de desarrollo, pero ahora el panorama es distinto. La crisis sociopolítica ha traído consecuencias negativas en los indicadores de desarrollo y en el goce de los derechos económicos y sociales para la ciudadanía.

Según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, entre marzo de 2018 y febrero de 2019, se echaron a perder más de 140.000 empleos formales, que representan el 15,7 % del total de empleos en el país.



En abril 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que los precios de los bienes de consumo básico habían aumentado un 2 % en promedio, mientras que el precio de los servicios públicos como el agua y electricidad, un 8,9 % y un 3,7 %, respectivamente.

Con EFE y la ONU