Un amparo constitucional ordena paralizar selección de aspirantes a magistrados
La acción legal fue planteada contra las comisiones de la Asamblea Legislativa que llevan adelante la selección de candidatos.
La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de evaluación de méritos y exámenes a los 405 postulantes que aún quedan en carrera para ser candidatos para los más altos cargos del Órgano Judicial.
La disposición legal, suscrita por los vocales David Valda y José Manuel Gutiérrez, surgió por efecto de un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta, la exfiscal de Santa Cruz (2020) que se postuló para ser candidata al Consejo de la Magistratura.
La abogada demandante señaló que sus derechos habían sido vulnerados. La profesional fue inhabilitada del proceso.
“Conforme lo establece el Artículo 34 del Código Procesal Constitucional se otorga la medida cautelar de suspensión o paralización del cronograma (evaluación de méritos y examen) de la Convocatoria de la Preselección de Altas Autoridades del Poder Judicial”, señala la resolución.
El dictamen precisa que esta suspensión deberá aplicarse hasta que se desarrolle una audiencia fijada para las 11:00 del lunes 22 de abril en Santa Cruz “con la finalidad que no se vulneren los derechos fundamentales demandados” por la postulante que fue inhabilitada.
Para la vista judicial fijada por el Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz se ordenó la comparecencia del presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Rejas, y del presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla Bedoya.
El proceso electoral para las altas autoriades del Órgano Judicial se suspendió en dos ocasiones en 2023; lo que obligó a postergar el proceso. El 31 de diciembre del año pasado, las 54 autoridades de ese poder del Estado concluyeron su mandato y optaron por extenderse hasta que se realice la elección judicial.
A diferencia de entonces, en esta ocasión existe una ley transitoria que avana el proceso. En este aso, se espera la celebración de la audiencia que tendrá lugar la próxima semana en Santa Cruz.
¿Hay otras observaciones?
Un grupo de observadores independientes agrupados en una iniciativa de la sociedad civil llamada Veeduría Ciudadana detectó las siguientes anomalías e irregularidades de al menos ocho postulantes en el proceso de selección de candidatos.
“Dos postulantes estaban inhabilitados, pero aparecen en la lista de habilitados; a tres aspirantes que no cumplieron con el requisito de los ocho años de experiencia fueron habilitados; dos postulantes fueron habilitados tras varias reconsideraciones exigidas por legisladores del MAS y a un postulante que introdujo su recurso de revisión fuera de término también se lo habilitó”.
Este último caso corresponde al postulante al Consejo de la Magistratura y vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahichi, quien el 3 de abril declaró que la Comisión de Justicia Plural no quiso recibirle su recurso de revisión porque el plazo de presentación venció el 1 de abril.
El profesional figura ahora en la lista de los habilitados a pesar de haber entregado el recurso “fuera de término el requerimiento de este postulante”, menciona el informe de Veeduría, que fue entregado a las comisiones de Justicia y Constitución que evalúan las postulaciones.
En informe aclara que “se desconoce cuál fue el mecanismo por el cual fue recibido este recurso de revisión ni bajo qué argumento jurídico legal fue tratado por la comisión que resolvió revocar su inhabilitación”.
De igual manera, el postulante al Tribunal Agroambiental, Edwin Vásquez Almendras, y del postulante al Tribunal Supremo de Justicia, Ramiro Ariel Blanco Fuentes, “que fue inhabilitado mediante la aprobación de la impugnación, decisión que fue ratificada en la etapa de revisión”.
El reporte también repara en quienes fueron habilitados sin cumplir un requisito de la experiencia profesional previa de ocho años.
Las postulantes al Tribunal Agroambiental Roxana Chávez Rodas y Mónica Justiniano Cabrera, además de Rafael Quinteros Montaño, quienes pretenden ser elegidos en el Consejo de la Magistratura, no cumplen con este criterio de experiencia. A pesar de ello, fueron habilitados”.
Por otro lado, el documento devela las reconsideraciones que permitieron la habilitación de dos postulantes, un beneficio que no se aplicó a otros postulantes.
“El seguimiento realizado en ambas comisiones ha observado dos casos puntuales en los que se insiste en la reconsideración de la inhabilitación durante la etapa de resolución de recursos de revisión”, indica el reporte y cita el caso de Juana Maturano Trigo, habilitada luego de que el diputado Froilán Mamani (MAS) pidiera una tercera votación para reconsiderar su caso.
Lo mismo ocurrió con el postulante Zenón Bacarreza, cuyo caso se reconsideró a pedido del diputado Jerges Mercado, quien es el jefe de la bancada de la facción del MAS leal al presidente Luis Arce y terminó siendo habilitado.
Bacarreza fue uno de los magistrados del TCP que firmó la reelección indefinida en 2017 con lo que favoreció al expresidente Evo Morales. Este año dijo que no se arrepiente del fallo y aseguró que el mismo sigue vigente, pese a que la Corte IDH estableció que la reelección indefinida no es una figura protegida por el sistema interamericano de Derechos Humanos.
