Luis Fernando Camacho, el gobernador electo de Santa Cruz, fue protagonista de una de las etapas más prolongadas y tensas de la política reciente. Desde su aprehensión hasta su liberación, el líder cruceño permaneció lejos de su familia, de su tierra y de su cargo, pero nunca dejó de ser una figura central de un departamento que lo eligió y respaldó aún en ausencia. Esta es la cronología de un proceso judicial cargado de tensiones políticas, disputas jurídicas y reacciones internacionales.
El 28 de diciembre de 2022, a las 13:45, un violento operativo policial en Santa Cruz sorprendió a pocos días de recibir un nuevo año: agentes capturaron a Camacho y lo llevaron a La Paz. El Gobierno informó que la captura se produjo en el marco del caso denominado “Golpe I”, que investigaba las acciones de líderes políticos y cívicos en la crisis de 2019. El Ministerio Público lo acusó de terrorismo, sedición y conspiración, mientras en Santa cruz estallaban protestas y bloqueos.
En una audiencia cautelar, el 29 de diciembre, un juez de La Paz ordenó su detención preventiva en el penal de Chonchocoro por cuatro meses. Argumentó riesgos de fuga y obstaculización de la investigación. La defensa calificó la decisión como arbitraria porque se produjo sin citaciones previas.
Durante el transcurso del año 2023, la situación legal de Camacho se definió a través de sucesivas audiencias y recursos. Entre enero y febrero, su defensa presentó apelaciones contra su detención, todas rechazadas. El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ratificó la medida argumentando la “gravedad de los hechos”.
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos de Camacho. Amnistía Internacional y Human Rights Watch expresaron preocupación por el uso de la detención preventiva como sanción anticipada.En junio de 2023, un juez amplió la detención por seis meses más. La decisión fue criticada por la oposición y por el Comité pro Santa Cruz, que denunció persecución política. El martes 31 de octubre, con el gobernador detenido en Chonchocoro, nació Rafael, el hijo de Luis Fernando y Fátima Jordán. “Aunque no podré estar al lado de mi esposa y mi hijo en ese instante maravilloso, sé que ante la falta de mis manos y mis brazos para abrazarlo, estarán las de nuestro Divino Creador, las de su hermana, sus hermanos, sus abuelos, su tata (mi papá) y esa gran familia que lo espera con ansias y mucho, mucho amor”, escribió en la ocasión.
El abogado y amigo del gobernador, Martín Camacho, estuvo ayer en el programa ¡Qué semana! de EL DEBER Radio y ayudó a reconstruir varios de estos sucesos.
Sillón en conflicto
Tras la aprehensión de Camacho, la Gobernación de Santa Cruz enfrentó un escenario de incertidumbre institucional. Conforme al estatuto autonómico y a la Ley de Gobiernos Autónomos, el vicegobernador Mario Aguilera asumió el mando en suplencia, en principio con carácter temporal.
La transición no estuvo exenta de cuestionamientos, especialmente de sectores cívicos que reclamaban que Camacho seguía siendo la máxima autoridad departamental a pesar de estar privado de libertad. La situación fue finalmente dirimida por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado Zamorano y René Iván Espada Navia, quienes, el 29 de diciembre de 2013, emitieron la Sentencia Constitucional 1021/2023, en atención a una conminatoria dictada por la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, de los vocales Juan José Zubieta Claros y David Valda Terán. La sentencia establecía que el vicegobernador debería sumir el cargo mientras Camacho permanezca detenido en La Paz.
El 26 de enero de 2024, en una sesión de no más de cinco minutos, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, posesionó a Aguilera como gobernador suplente de Santa Cruz. “En ejecución de la sentencia constitucional 1021/2023 (...), el señor Mario Joaquín Aguilera Cirbián queda posesionado como gobernador en suplencia temporal”, leyó Matkovic. La posesión del remplazante de Camacho quedaba consumada.
Carta contra el desgaste
Entre enero y julio de 2024, se iniciaron otros procesos paralelos contra Camacho, entre ellos los vinculados al paro cívico de 36 días por el censo, al caso “decretazo” y al caso “carro bombero”, entre otros. Se lo acusó de resoluciones contrarias a la Constitución, conspiración y financiamiento ilícito. La defensa denunció un “ensañamiento judicial”.
En agosto de 2024, el Tribunal Constitucional admitió un recurso de revisión, pero no lo resolvió de inmediato. Mientras tanto, las audiencias se suspendieron en varias ocasiones, alargando la incertidumbre.
El 28 de diciembre, en el segundo aniversario de su aprehensión, Camacho emitió otra carta pública, en la que afirmaba que el Gobierno y el MAS trataron de “quebrarlo” para negociar sus principios y valores, considerando que al humillarlo “podían humillar a todo un pueblo y a todo un país que ha escrito su historia democrática con sangre, sudor y lágrimas”.
“No van a lograr vencernos, porque este pueblo tiene una larga historia de resistencia. Los cruceños somos gente de trabajo y lucha, y porque ninguna dictadura es eterna y ninguna tiranía queda impune. Desde aquí les digo con firmeza y claridad no somos tibios, no somos cobardes y no somos traicioneros”, proclamaba la autoridad.
Voces recientes
Desde su aprehensión irregular, el gobernador cruceño fue objeto de varios pronunciamientos por parte de diversas organizaciones internacionales, que se pronunciaron en contra de su detención.
Entre las más recientes, está la del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en marzo de este año concluyó que la detención de Luis Fernando Camacho es arbitraria y viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo de expertos recomendó la liberación inmediata de Camacho y que se le garantice el derecho a una indemnización y otras formas de reparación.
El 28 de marzo, la Human Rights Foundation (HRF) destacó que la decisión de la ONU es vinculante para el Estado boliviano y exigió el cumplimiento inmediato de la liberación de Camacho. La HRF también expresó su preocupación por la situación de otros presos políticos en Bolivia, como la expresidenta Jeanine Áñez y el líder cívico indígena Marco Pumari.
Un día después, el entonces ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, descalificó el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, considerándolo “parcial, sesgado y desactualizado”. Siles afirmó que el gobierno boliviano preparaba argumentos para solicitar una revisión de la decisión.
Instructivo que cambió todo
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió un instructivo el 22 de agosto, para que las autoridades judiciales, “de manera inmediata y en el plazo de 24 horas desde su notificación”, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la detención preventiva en todos los procesos de Jeanine Áñez, Marco Pumari, y Luis Fernando Camacho.
En cuestión de horas, el instructivo del TSJ se cumplió a rajatabla y la situación de la autoridad dio un giro de 180 grados. En audiencia realizada el martes 26, la justicia determinó detención domiciliaria para Camacho, en la capital cruceña, con asistencia a su fuente laboral.
Un día después, una segunda audiencia, esta vez por el paro de 36 días en demanda del censo, también determinó sustituir la detención preventiva de Camacho por detención domiciliaria.
Y el camino a la libertad del gobernador terminó por allanarse el jueves 28, cuando en dos audiencias consecutivas, la justicia lo favoreció con libertad inmediata por los casos “decretazo” y “carro bombero”.
Entre diciembre de 2022 y agosto de 2025, el gobernador cruceño atravesó detenciones, juicios y campañas de descrédito. Pero también recibió el respaldo persistente de su región y la atención internacional. Camacho retornó con la experiencia de casi tres años de cautiverio, decidido a ejercer el cargo con el valor de su dignidad intacta.
Tras la aprehensión de Camacho, la Gobernación de Santa Cruz enfrentó un escenario de incertidumbre institucional. Conforme al estatuto autonómico y a la Ley de Gobiernos Autónomos, el vicegobernador Mario Aguilera asumió el mando en suplencia, en principio con carácter temporal.
La transición no estuvo exenta de cuestionamientos, especialmente de sectores cívicos que reclamaban que Camacho seguía siendo la máxima autoridad departamental a pesar de estar privado de libertad. La situación fue finalmente dirimida por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado Zamorano y René Iván Espada Navia, quienes, el 29 de diciembre de 2013, emitieron la Sentencia Constitucional 1021/2023, en atención a una conminatoria dictada por la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, de los vocales Juan José Zubieta Claros y David Valda Terán. La sentencia establecía que el vicegobernador debería sumir el cargo mientras Camacho permanezca detenido en La Paz.
El 26 de enero de 2024, en una sesión de no más de cinco minutos, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, posesionó a Aguilera como gobernador suplente de Santa Cruz. “En ejecución de la sentencia constitucional 1021/2023 (...), el señor Mario Joaquín Aguilera Cirbián queda posesionado como gobernador en suplencia temporal”, leyó Matkovic. La posesión del remplazante de Camacho quedaba consumada.
Carta contra el desgaste
Entre enero y julio de 2024, se iniciaron otros procesos paralelos contra Camacho, entre ellos los vinculados al paro cívico de 36 días por el censo, al caso “decretazo” y al caso “carro bombero”, entre otros. Se lo acusó de resoluciones contrarias a la Constitución, conspiración y financiamiento ilícito. La defensa denunció un “ensañamiento judicial”.
En agosto de 2024, el Tribunal Constitucional admitió un recurso de revisión, pero no lo resolvió de inmediato. Mientras tanto, las audiencias se suspendieron en varias ocasiones, alargando la incertidumbre.
El 28 de diciembre, en el segundo aniversario de su aprehensión, Camacho emitió otra carta pública, en la que afirmaba que el Gobierno y el MAS trataron de “quebrarlo” para negociar sus principios y valores, considerando que al humillarlo “podían humillar a todo un pueblo y a todo un país que ha escrito su historia democrática con sangre, sudor y lágrimas”.
“No van a lograr vencernos, porque este pueblo tiene una larga historia de resistencia. Los cruceños somos gente de trabajo y lucha, y porque ninguna dictadura es eterna y ninguna tiranía queda impune. Desde aquí les digo con firmeza y claridad no somos tibios, no somos cobardes y no somos traicioneros”, proclamaba la autoridad.
Voces recientes
Desde su aprehensión irregular, el gobernador cruceño fue objeto de varios pronunciamientos por parte de diversas organizaciones internacionales, que se pronunciaron en contra de su detención.
Entre las más recientes, está la del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en marzo de este año concluyó que la detención de Luis Fernando Camacho es arbitraria y viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo de expertos recomendó la liberación inmediata de Camacho y que se le garantice el derecho a una indemnización y otras formas de reparación.
El 28 de marzo, la Human Rights Foundation (HRF) destacó que la decisión de la ONU es vinculante para el Estado boliviano y exigió el cumplimiento inmediato de la liberación de Camacho. La HRF también expresó su preocupación por la situación de otros presos políticos en Bolivia, como la expresidenta Jeanine Áñez y el líder cívico indígena Marco Pumari.
Un día después, el entonces ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, descalificó el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, considerándolo “parcial, sesgado y desactualizado”. Siles afirmó que el gobierno boliviano preparaba argumentos para solicitar una revisión de la decisión.
Instructivo que cambió todo
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió un instructivo el 22 de agosto, para que las autoridades judiciales, “de manera inmediata y en el plazo de 24 horas desde su notificación”, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la detención preventiva en todos los procesos de Jeanine Áñez, Marco Pumari, y Luis Fernando Camacho.
En cuestión de horas, el instructivo del TSJ se cumplió a rajatabla y la situación de la autoridad dio un giro de 180 grados. En audiencia realizada el martes 26, la justicia determinó detención domiciliaria para Camacho, en la capital cruceña, con asistencia a su fuente laboral.
Un día después, una segunda audiencia, esta vez por el paro de 36 días en demanda del censo, también determinó sustituir la detención preventiva de Camacho por detención domiciliaria.
Y el camino a la libertad del gobernador terminó por allanarse el jueves 28, cuando en dos audiencias consecutivas, la justicia lo favoreció con libertad inmediata por los casos “decretazo” y “carro bombero”.
Entre diciembre de 2022 y agosto de 2025, el gobernador cruceño atravesó detenciones, juicios y campañas de descrédito. Pero también recibió el respaldo persistente de su región y la atención internacional. Camacho retornó con la experiencia de casi tres años de cautiverio, decidido a ejercer el cargo con el valor de su dignidad intacta.
Desde su aprehensión irregular, el gobernador cruceño fue objeto de varios pronunciamientos por parte de diversas organizaciones internacionales, que se pronunciaron en contra de su detención.
Entre las más recientes, está la del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en marzo de este año concluyó que la detención de Luis Fernando Camacho es arbitraria y viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo de expertos recomendó la liberación inmediata de Camacho y que se le garantice el derecho a una indemnización y otras formas de reparación.
El 28 de marzo, la Human Rights Foundation (HRF) destacó que la decisión de la ONU es vinculante para el Estado boliviano y exigió el cumplimiento inmediato de la liberación de Camacho. La HRF también expresó su preocupación por la situación de otros presos políticos en Bolivia, como la expresidenta Jeanine Áñez y el líder cívico indígena Marco Pumari.
Un día después, el entonces ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, descalificó el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, considerándolo “parcial, sesgado y desactualizado”. Siles afirmó que el gobierno boliviano preparaba argumentos para solicitar una revisión de la decisión.
Instructivo que cambió todo
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió un instructivo el 22 de agosto, para que las autoridades judiciales, “de manera inmediata y en el plazo de 24 horas desde su notificación”, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la detención preventiva en todos los procesos de Jeanine Áñez, Marco Pumari, y Luis Fernando Camacho.
En cuestión de horas, el instructivo del TSJ se cumplió a rajatabla y la situación de la autoridad dio un giro de 180 grados. En audiencia realizada el martes 26, la justicia determinó detención domiciliaria para Camacho, en la capital cruceña, con asistencia a su fuente laboral.
Un día después, una segunda audiencia, esta vez por el paro de 36 días en demanda del censo, también determinó sustituir la detención preventiva de Camacho por detención domiciliaria.
Y el camino a la libertad del gobernador terminó por allanarse el jueves 28, cuando en dos audiencias consecutivas, la justicia lo favoreció con libertad inmediata por los casos “decretazo” y “carro bombero”.
Entre diciembre de 2022 y agosto de 2025, el gobernador cruceño atravesó detenciones, juicios y campañas de descrédito. Pero también recibió el respaldo persistente de su región y la atención internacional. Camacho retornó con la experiencia de casi tres años de cautiverio, decidido a ejercer el cargo con el valor de su dignidad intacta.