Exfiscal Soza sobre el operativo en el hotel Las Américas: “Yo no sabía y solo me entero después que pasó todo”
La CIDH, en un "informe de fondo", estableció responsabilidades del Estado sobre vulneración de derechos humanos. Hay cuatro recomendaciones que se deberían cumplir hasta el 26 de julio
Marcelo Soza, quien fue el fiscal que lideró una investigación por los supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado, tras el asalto al hotel Las Américas, explicó que su participación en este caso se produjo solo después del operativo que fue dirigido por el Ministerio de Gobierno.
La operación, protagonizada por la desaparecida Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), provocó responsabilidades estatales por ejecuciones “extrajudiciales y torturas”, de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Lo más correcto y objetivo es preguntar a los que estuvieron en ese operativo, a los que ordenaron o concordaron con eso. Yo no sabía y solo me entero después que pasó todo. Entonces, sería especulativo que yo diga algo”, respondió Soza de manera escueta ante una consulta formulada por EL DEBER a través de canales digitales.
Soza además anticipó que sus valoraciones sobre este caso “estarán basadas en pruebas”. Cuando fue fiscal, investigó a medio centenar de personas y formuló imputaciones contra unas 39, muchos de ellos dirigentes cruceños, en el marco del llamado caso ‘Terrorismo’.
Tras el asalto al hotel Las Américas de 2009, el Gobierno de Evo Morales aseguró que allí estaba una “cédula” terrorista que llegó del exterior para separar a Santa Cruz del resto del país.
“Constan en el expediente notas de prensa que refieren que miembros de la Fiscalía y de la Policía departamental de Santa Cruz no fueron considerados porque todo estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno, desde La Paz, y que tenían orden de no intervenir”, señala el informe de fondo que elaboró la CIDH a tiempo de establecer las responsabilidades del Estado.
El Gobierno dio la orden de proceder, según la Comisión, en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal. Ese día, Morales se encontraba en Venezuela, mientras que el entonces Ministro de Gobierno Alfredo Rada había viajado a Brasil.
“Dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República y, mediante el vicepresidente, al comandante de la Policía nacional de hacer un operativo para detener a estos mercenarios”, afirmó Morales el 16 de abril de 2009.
¿Quién instruyó el operativo?
Evo Morales estuvo ese día, flanqueado por Hugo Chávez, el extinto presidente de Venezuela, y por Raúl Castro, mandatario del régimen cubano.
“Hubo una balacera, un tiroteo de media hora en un hotel de la ciudad de Santa Cruz, por supuesto hubo bombas”, complementó Morales en un contacto con los medios en Caracas. Posteriormente, denunció un intento de “magnicidio” que también investigó Soza.
“La madrugada del 16 de abril de 2009, un contingente de la Utarc, un grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas, hizo detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en las habitaciones disparando sus armas de fuego.
Como consecuencia de esa operación el boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpad Magyaroisi y el irlandés Michel Dwyer resultaron muertos; el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano croata Mario Tadic fueron detenidos y luego acusados de ‘Terrorismo’.
Según el informe de la Cidh, las cámaras de seguridad del hotel Las Américas fueron apagadas desde el 15 de abril. Tampoco hubo internet desde las 3:10 de la madrugada, minutos antes del operativo y el servicio fue restablecido a las 9:00 de la mañana.
De acuerdo con el reporte de la Comisión, se eliminaron videos y registros de internet del hotel y personal del Ministerio de Gobierno estuvo alojado en el mismo establecimiento de hospedaje.
Soza, desde sus redes sociales, sostuvo en varias ocasiones que este grupo de extranjeros llegó al país a instancias de grupos de poder empresarial de Santa Cruz que alentaron el separatismo.
¿Hubo un movimiento separatista en Bolivia?
Bolivia vivió un intenso debate político y social entre 2006 y 2009 para la redacción de una nueva Constitución. En febrero de 2009, Evo Morales promulgó la nueva carta magna que, por primera vez, incluyó las autonomías departamentales.
Durante el proceso por el caso ‘Terrorismo’, Soza impulsó procesos contra 39 personas, pero abandonó el caso. El hombre fue condenado en 2018 a 12 años de prisión por extorsión y huyó a Brasil, donde está asilado. Hoy exigen su extradición.
Soza ingresó a Brasil el 6 de marzo de 2014, tras la difusión de audios con su voz, en los que mencionó al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente, en actos de extorsión a empresarios y cívicos investigados.
El caso de supuesto terrorismo fue cerrado en febrero de 2020 y todos los que estaban encausados fueron absueltos, aunque varios de ellos se habían declarado culpables para poder dejar la cárcel.
¿Qué pide la CIDH?
La comisión analizó las condiciones de las detenciones y las torturas cometidas en contra de los peticionantes Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes sobrevivieron al asalto al hotel Las Américas.
Además de estos ciudadanos, hay otras seis denuncias admitidas por la CIDH.
Sobre Tadic y Tóásó estableció que fueron detenidos en el hotel Las Américas sin mandamiento de aprehensión ni orden de allanamiento.
La comisión destaca que el operativo se realizó sin ningún fiscal y anota que Marcelo Soza, el fiscal asignado, se constituyó en Santa Cruz casi al mediodía del 16 de abril de 2009 y recién, entonces, emitió orden de aprehensión en contra de las dos presuntas víctimas.
Argumentó, entonces, que existía probabilidad de autoría en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y que había peligro de fuga. Este atentado nunca se esclareció.
La Comisión dio cuatro recomendaciones vinculantes al Gobierno para evitar un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Reparar las violaciones y tomar medidas de compensación económica y satisfacción, disponer las medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, una investigación diligente para sancionar y tomar las medidas para que en el futuro se produzcan hechos similares.
La Procuraduría informó que la Cidh le otorgó al Estado un sexto plazo adicional que vencerá el próximo 26 de julio. La entidad espera que se logre un acuerdo “razonable”, según apuntó el procurador César Siles. Además, espera que la comisión haga “una acumulación” de las denuncias que se han presentado por el asalto al hotel Las Américas.
