Defensa de Montenegro: iba a pedir asilo político

La abogada Audalia Zurita, que es defensa de la familia de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) que falleció el 24 de abril, indicó que su defendido pensaba pedir asilo en alguna embajada y declararse perseguido político ante la arremetida judicial del Gobierno de Luis Arce.

“Entendí que él (Juan Carlos Montenegro) estaba buscando asilo, entendí que lo que pretendía era declararse perseguido político y asilarse en alguna embajada”, afirmó Zurita quien se reunió con Montenegro, un día antes de su fallecimiento.

La mañana del deceso de la exautoridad, éste le habría enviado a Zurita la “carta póstuma” junto a un mensaje en el que le pedía que ayude a su familia y se comunique con su esposa. Tras ese mensaje, la abogada Zurita cuenta que le preguntó si se estaba asilando, “pero él ya no leyó el mensaje”.

La abogada contó que Montenegro estaba afectado tras conocer que se abrió un proceso en su contra y asumía que el trato iba a ser similar al trato que le dieron al exministro Alberto Echazú, por lo que “él no estaba dispuesto a sufrir esa humillación. Era muy orgulloso de su trayectoria como luchador social”, y como profesional formador de ingenieros metalúrgicos en la UMSA.

Su abogada presume que esa nota póstuma que él le envió la mañana del miércoles, la escribió después que le dio el ataque cardiaco y en vez de pedir ayuda, Montenegro utilizó ese tiempo y las fuerzas que le quedaban para hacer el escrito y enviarlo a sus allegados. Tras reenviar el mensaje a su familia, se empezaron a movilizar, fueron hasta su oficina donde lo encontraron votado en el piso.

Por esa relación de los hechos y por la templanza de su carácter y fortaleza, misma que le sirvió para soportar torturas, encarcelamientos y exilios, hacen presumir que no pensaba atentar contra su vida, más bien, ponerla a buen recaudo pidiendo asilo en alguna legación diplomática, opción que no negó.

Piden ampliar la denuncia

Sobre la denuncia que impulsa el Gobierno, el procurador general, César Siles, anunció a EL DEBER que se va a solicitar a la Fiscalía una ampliación de la denuncia porque “únicamente se está investigando, por ahora, incumplimiento de deberes”.

No obstante que la denuncia fue presentada por la presunta comisión de unos cuatro delitos, entre los que están conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos, que involucra a la empresa que se adjudicó ocho contratos. Siles reiteró que se cumplió todo el procedimiento con la Fiscalía.

Contrariamente a la versión del procurador Siles que aseguró el martes 23 de abril que se cumplieron todos los procedimientos legales para la aprehensión de las personas acusadas, la abogada Zurita aseguró que su defendido “nunca fue citado” y “nunca le han comunicado oficialmente” sobre el proceso en su contra.