Cuatro profesionales visibles por ‘grandes casos’ murieron desde 2023

En menos de dos años, cuatro profesionales, expertos en distintas áreas y que estaban vinculados con el esclarecimiento de hechos de corrupción, perdieron la vida de manera trágica y sorpresiva. Estos casos involucran al Gobierno o tienen que ver con procesos judiciales impulsados desde el Órgano Ejecutivo.

Entre estos profesionales está el abogado Felipe Sandy, conocido como el “testigo protegido” que denunció la red de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); Carlos Colodro, designado por el Gobierno como interventor de Banco Fassil; el también abogado Christopher Balcázar, quien era defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Y el último deceso es el del ingeniero Juan Carlos Montenegro, exgerente de la empresa estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) acusado por el Ejecutivo de “graves” hechos de corrupción.

El presidente Luis Arce pidió, tras el reciente deceso que “no se instrumentalice el dolor de esta pérdida con fines políticos mezquinos”. Montenegro era “clave”, según la investigación planteada por la Procuraduría para esclarecer “un grave daño al Estado” por más de Bs 425 millones.

Tras este fallecimiento, se instaló un clima de opinión entre legisladores opositores, pero también de fuerzas cercanas al oficialismo. Esto por la gravedad y la recurrencia de estos sucesos.

El primero de estos cuatro casos fue a principios de 2023 con la muerte de Felipe Sandy Rivero, que era el “testigo protegido” en el caso de supuestas “coimas” por Bs 9 millones para la adjudicación de la firma china CHEC en el tramo carretero Sucre-Yamparáez.

De “testigo protegido” de la Fiscalía, la entidad a la que informó de los actos irregulares “cometidos entre CHEC y funcionarios de la ABC”, Sandy dijo que pasó a ser un “perseguido” del Gobierno que lo inculpó por presunta “extorsión”. Sandy acusó de persecución al Ministerio de Justicia.

Y fue precisamente el titular de esa cartera, Iván Lima quien informó que Sandy perdió la vida en Miami, Estados Unidos, en un presunto accidente de tránsito. “¿Sabían ustedes, compañeros de la prensa, que el testigo protegido ha muerto en un accidente de tránsito en Miami? Dijo Lima el 17 de marzo de 2023. Días después, aclaró que se enteró de la muerte de Sandy por las redes sociales y que no tenía informe oficial de su deceso. El 19 de marzo de 2023, Lima incluso dio la fecha de la muerte del “testigo protegido” y dijo que “ese hecho ocurrió el 22 de enero (de 2022)”.

El segundo caso pasó el 2 de mayo de 2023 cuando el abogado Christopher Balcázar, que era del equipo de defensa del gobernador Camacho, acusado por el caso “golpe”, apareció muerto, tras caer del piso 11 de un edificio en la zona del segundo anillo en la ciudad de Santa Cruz. El caso fue cerrado por el Ministerio Público.

El tercer caso es el del anterior interventor del Banco Fassil, Alberto Colodro, quien apareció muerto la noche del 27 de mayo de 2023 en el edificio Ambassador de la zona Equipetrol en Santa Cruz. Según los primeros datos de la Policía, Colodro “cayó” desde el piso 15 de su oficina.

Mientras el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, concluyó que se trató de un “suicidio” y ese reporte fue ratificado por el Ministerio Público. La conclusión fue rechazada por sus allegados, pero luego las pesquisas se cerraron con los informes oficiales.

Colodro fue designado interventor de Fassil por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) tras varias irregularidades detectadas en el manejo de la entidad, de parte de sus ejecutivos. En un manuscrito dijo que sentía mucho temor por las responsabilidades que asumió, pero al mismo tiempo reflejó una faceta de su vida familiar.

El cuarto caso es el de Juan Carlos Montenegro, exgerente de la estatal YLB. La sorpresiva muerte de la exautoridad se dio horas después que el Gobierno presentara una denuncia penal en su contra y en contra de otras 11 personas por presunta corrupción en el proyecto del litio.

Según la exministra Teresa Morales, Montegro pudo sufrir de un infarto, pero también destacó las convicciones políticas del exgerente. En una “carta pública” que fue divulgada tras su muerte, se lee que no se prestará a ser “vejado y humillado por una justicia amañada”. La Fiscalía estableció que la autopsia determinó que su muerte fue por un infarto agudo.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, a tiempo de lamentar el deceso de Montenegro, “más aún quitándose la vida”, dijo que este tipo de acciones sucede en casos delicados como denuncias de corrupción en el Estado.

“Efectivamente, cuando se trata de esclarecer, obviamente habrá este tipo de situaciones (presuntos suicidios)”, aseguró Montaño en rueda de prensa.

Alerta de la oposición

Los cuatro decesos en los últimos 15 meses levantan las alertas de la oposición. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, ve que existe un “común denominador” en estos casos y es que “todas estas personas fallecidas, directa o indirectamente estaban involucradas con intereses del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y en medio de casos de corrupción”.

Estos decesos también reflejan la crisis del sistema judicial que cada vez es menos creíble. “Hasta hoy los bolivianos no conocemos un informe serio y creíble de la muerte del señor Colodro, por ejemplo. La solución más ligera del Gobierno fue decir que Colodro se suicidó”, afirmó Urquidi en un contacto con EL DEBER.

En esa línea, la senadora Centa Rek de Creemos, calificó como un hecho “grave y recurrente” que varias personas supuestamente involucradas en hechos de corrupción o investigando hechos de corrupción, aparentemente se hayan suicidado luego de denunciar persecución del Gobierno a través del Órgano Judicial.

Subrayó que en el país no existen garantías y que incluso se podría conformar una comisión internacional para verificar lo que sucede en Bolivia.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), desde sus redes sociales, cuestionó en varias ocasiones la ausencia de una política penal y lamentó la existencia de operadores “sumisos” al Gobierno en el entorno del Órgano Judicial.

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