El presidente Luis Arce finalmente admitió una realidad cuyas consecuencias el país padece desde hace meses: el Gobierno no puede garantizar el abastecimiento pleno de diésel y gasolina debido a la falta de financiamiento. Arce responsabilizó a la Asamblea Legislativa por el “estrangulamiento” de créditos externos, aunque lo cierto es que el déficit en la importación de combustibles crece día a día y es ya totalmente insostenible.
El propio presidente de YPFB, Armin Dorgathen, ha descrito con claridad la magnitud del problema: la empresa estatal requiere entre un 20% y un 30% adicional de recursos para cubrir la demanda, y solo en el primer semestre de 2025 el déficit acumulado asciende a 300 millones de dólares. Ya no es viable seguir inyectando dinero en un barril sin fondo: la importación de combustibles supera los 3.000 millones de dólares anuales.
En su mensaje a la nación, el presidente Arce habló de una “solución estructural”: la producción de biocombustibles y el desarrollo de 18 pozos exploratorios “exitosos” que, según afirmó, permitirían reducir la importación hasta en un 20%. Pero son soluciones de mediano o largo plazo, sin impacto inmediato, y sin certeza aún sobre la real capacidad de producción de esos pozos. Bolivia no puede seguir operando a media máquina en materia energética.
La escasez de combustibles —sobre todo de diésel— ya ha provocado graves perjuicios económicos, y todo indica que la situación se agravará hacia fin de año. El transporte pesado y el sector agropecuario pierden horas y hasta días intentando conseguir combustible. Los conductores de flotas sacrifican sus descansos para hacer fila en los surtidores. Los soyeros tienen en riesgo más de 400.000 hectáreas de la cosecha de invierno. Los cañeros enfrentan retrasos en el corte, transporte y molienda de la caña. Los porcinocultores y avicultores no pueden llevar alimentos ni insumos veterinarios a sus cabañas, lo que genera pérdidas. Los pequeños productores son los más perjudicados por el encarecimiento de insumos y el transporte.
Esta paralización progresiva de sectores productivos derivará en escasez de alimentos. Ya se habla, por ejemplo, de un déficit de 40.000 toneladas de arroz. La población tendrá que ajustarse el cinturón y preparar el bolsillo para afrontar un encarecimiento de los productos de primera necesidad.
El mensaje del presidente también implica una admisión tácita de que no podrá resolver el problema antes del final de su gestión. Por tanto, la solución recaerá sobre quien resulte ganador de las elecciones del 17 de agosto.
La salida no será sencilla. La subvención de los hidrocarburos se convirtió en una bomba de tiempo. Fue un incentivo perverso que fomentó el contrabando, el despilfarro y desincentivó la eficiencia energética. A medida que se redujeron las reservas internacionales del Banco Central, el Estado perdió la capacidad de sostener este subsidio.
No pretendemos ofrecer una fórmula mágica, pero una salida razonable podría consistir en mantener el subsidio para sectores vulnerables —como el transporte público y los pequeños productores—, y eliminarlo de forma progresiva para los sectores de mayor consumo o capacidad económica. Mientras tanto, debería establecerse un sistema de abastecimiento priorizado para el agro, la salud, el transporte público y la carga.
Lo que sí está claro es que ninguna medida funcionará sin transparencia, sin una comunicación clara y sin credibilidad institucional. Para el próximo gobierno, será urgente explicar con sinceridad la magnitud de la crisis energética y convocar a un pacto nacional que comprometa a todos los sectores del país en la búsqueda de soluciones sostenibles y responsables.