La expansión de los cultivos de coca en las áreas protegidas de Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc). El incremento registrado en estos territorios entre 2022 y 2023 fue del 34%, elevando la superficie cultivada a 583 hectáreas dentro de nuestros bosques.
A nivel nacional, el crecimiento total de los cultivos de coca parecería menos drástico, con un aumento del 4% en el mismo periodo, alcanzando las 31.000 hectáreas. Sin embargo, lo verdaderamente revelador es analizar las zonas donde se han registrado los mayores aumentos, independientemente de la extensión total de cultivos.
Desde esta perspectiva, el Parque Nacional Amboró, en Santa Cruz, ha sufrido un incremento del 83%, pasando de 29 a 53 hectáreas. En el norte paceño, en la provincia Bautista Saavedra, el crecimiento ha sido del 77%, afectando significativamente al Parque Nacional Madidi.
Estas variaciones sugieren que las rutas del narcotráfico están ganando terreno en estas áreas. En el norte de La Paz, el municipio de Charazani es considerado una ruta de ingreso de la cocaína proveniente de Perú. Apolo e Ixiamas también forman parte de un corredor que conecta con la frontera del Vraem, una zona crítica del narcotráfico peruano. Una situación similar ocurre en los alrededores del Amboró, donde la provincia Ichilo, ya alberga laboratorios de cocaína, pozas de maceración y redes de tráfico de combustible.
El exministro Carlos Romero calificó a la provincia Ichilo como el epicentro del narcotráfico en Bolivia, una postura que contrasta con la del Gobierno actual. El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, ha asegurado que los parques Amboró y Choré, ambos en esa provincia, están libres de plantaciones de coca. Sin embargo, esta afirmación resulta poco creíble ante la clara tendencia de crecimiento reflejada en el informe de la Unodc.
La realidad es que el narcotráfico está avanzando sobre las áreas protegidas de Bolivia. El aumento de los cultivos de coca es preocupante: en el Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) Apolobamba creció un 76%; en el Parque Nacional Carrasco, un 38%; y en el AMNI Cotapata y el Parque Nacional Madidi, un 2%. Solo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure registró una reducción del 10%.
Jaume Segura, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, ha expresado su preocupación por el impacto reflejado en el informe: “Sobre todo nos preocupa el aumento del 34% en aquellas áreas que deben tener una protección especial por su valor ecológico y cultural… (Esto) pone de manifiesto los retos significativos que aún debemos enfrentar juntos relacionados con el cambio climático”.
La importancia de esta riqueza ecológica y cultural, ahora amenazada por el narcotráfico, debería ser una preocupación prioritaria no solo para organismos internacionales y países europeos, sino también para las propias autoridades nacionales. Sin embargo, estas tienden a minimizar el problema mientras enfatizan supuestos logros en la gestión del control de cultivos. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ha señalado que Bolivia representa solo el 8% de los cultivos de hoja de coca en el mundo, muy por debajo de Colombia (65%) y Perú (27%).
No obstante, no se puede minimizar el daño que ya está sufriendo el medioambiente. La presencia humana en áreas protegidas genera efectos multiplicadores que van mucho más allá de los cultivos de coca. Además, la tendencia creciente de estos cultivos debería ser razón suficiente para tomar medidas urgentes antes de que sea demasiado tarde.