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10 de noviembre de 2018, 4:00 AM
10 de noviembre de 2018, 4:00 AM

Amenazas parcializadas. Orlando Ceballos, miembro del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se ha sumado a las voces que amenazan a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en diciembre decidirán si Evo Morales está habilitado o no para una nueva repostulación presidencial. Claramente parcializado con el oficialismo, Ceballos advirtió con activar los mecanismos que sancionan el incumplimiento de las sentencias constitucionales en caso de que no se acate el polémico fallo que habilitó al presidente y a otras autoridades de manera indefinida. Para él, en el ordenamiento jurídico boliviano está establecido qué es lo que acontece y qué es lo que pasa cuando se incumple una sentencia constitucional. El magistrado se olvida de que en democracia la sentencia del soberano está por encima de cualquier consideración de tribunos, no se pueden hacer interpretaciones de la voluntad popular, manda el resultado. El país espera la decisión del TSE; mientras tanto, la vocal Dunia Sandoval salió a rechazar las amenazas de cualquier bando recordando que tienen autonomía y que no reciben órdenes de ningún otro órgano del Estado.

De perseguidor a perseguido. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, acaba de pedir asilo político en Bélgica, país en el que radica con su familia desde 2017, después de que la justicia de su país lo citara para que responda por el secuestro de un opositor en 2012. Él se declara inocente y denuncia una “persecución política” de su sucesor y exaliado Lenin Moreno. Solo podrá ser juzgado si es capturado o se presenta ante un tribunal, porque según una ley no puede ser juzgado en ausencia. Cuando gobernó entre 2007 y 2017, Correa procesó a opositores, sancionó a medios de comunicación críticos y decía que nadie se escapa de la ley, pero ahora que le toca enfrentar apela a la chicana política.

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