El presidente Luis Arce está en campaña electoral. Y sus decisiones están teñidas de una desesperada búsqueda de votos. Las encuestas conocidas hasta el momento muestran que su potencial de reelección es mínimo y él lo sabe, como también sabe que las herramientas del poder (decretos y resoluciones) pueden ayudarlo a ser mejor visto por el electorado popular. Quizás es por eso que ayer anunció el acuerdo de incremento salarial del 10% para el mínimo nacional y del 5% para el haber básico. ¿Mirada de estadista? De ninguna manera. Apenas cálculo político del estilo de “el fin justifica los medios”.
Este año, más que ningún otro de este Gobierno, la negociación salarial se hizo bajo siete llaves. A puerta cerrada y sin involucrar a los que pagan los incrementos: los empresarios. Estos lanzaron varias alertas, porque el salario mínimo nacional está relacionado a variables como el bono de antigüedad, los aportes a la seguridad social de corto plazo, el subsidio de lactancia, etc. Los privados advirtieron sobre la afectación a la producción y, fundamentalmente, la precarización del empleo. Pero todo esto parece no importarles a los sindicalistas de la COB y a los populistas del Gobierno. Total, ninguno de ellos genera producción ni sabe lo que significa pagar el precio de semejante medida.
A la demagogia hay que sumar la hipocresía. Solo dos de cada 10 bolivianos de la población económicamente activa reciben estos incrementos salariales. El 80% de la fuerza laboral trabaja en negro o en la informalidad. Eso quiere decir que una gran porción gana menos que el salario mínimo nacional, no aporta para su jubilación, no tiene derecho a vacaciones ni a desahucio, etc. El Gobierno nacional lo sabe y lo permite. O pregunten a los mineros cooperativistas cuánto pagan a los obreros que realmente trabajan. O pregunten a los comerciantes y contrabandistas por cuánto contratan a un vendedor o un cargador.
Como una crónica anunciada, ya se sabe el guion de lo que viene. Hay alza salarial para pocos y no hay ningún beneficio para muchos. Lo que sí hay es un costo social muy elevado para las empresas que están obligadas a pagar este beneficio. Decenas de pequeñas y medianas empresas se verán obligadas a cerrar o, al menos, a despedir al poco personal que tienen. Las más grandes dejarán de contratar o al menos ya no lo harán bajo la legislación laboral. Entonces los más perjudicados son los más pobres, contrariamente a lo que dice el candidato Arce Catacora.
El gobernante culpa a otros por el estado actual de la economía. Los “malos” diputados y senadores que no aprueban los créditos; los bloqueos (aunque hubieran sido el año pasado); la guerra, los aranceles y toda excusa que se cruce en el camino. No se da cuenta el presidente que la inflación y la creciente pobreza es solo consecuencia de su mala gestión gubernamental: veto a las exportaciones, asfixia tributaria a las pocas empresas formales y un largo etcétera.
Obviamente, nada de eso es dicho cuando se pone el traje de candidato y cuando aprueba medidas populistas para ganar votos.
El cierre de empresas y de fuentes de empleo tiene responsables claros: la COB y el Gobierno a través del presidente Luis Arce. ¿Será que un incremento salarial es suficiente para olvidar que por esa causa se hipoteca el futuro de Bolivia?