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4 de marzo de 2018, 4:00 AM
4 de marzo de 2018, 4:00 AM

Después de dos años del referéndum constitucional celebrado el 21 de febrero de 2016, donde los ciudadanos le dijeron No al régimen de Evo Morales de ir a otra elección nacional, y tras la luz verde que le dio el Tribunal Constitucional Plurinacional el 28 de noviembre del año pasado para ser reelegido de manera indefinida bajo la excusa de la prevalencia de convenios internacionales sobre la Constitución Política del Estado, habilitando la repostulación de Evo Morales y de Álvaro García Linera para los siguientes comicios electorales generales, los ciudadanos salieron a las calles manifestando su malestar mediante un paro nacional, marchas y bloqueos. Más allá de los análisis exitistas y del redundante discurso de la victoria ciudadana en las calles contra el régimen, es momento de bajar de la nube de la victoria pírrica y ver de manera fría el escenario político.

Según el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, países como Venezuela y Bolivia son democracias y no dictaduras, ya que existe división de poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. No son regímenes de partido único, existe una oposición (inerte e inútil) contra el Gobierno constituido. Los ciudadanos salen libremente a protestar, incluso lo hacen frente al presidente en un evento internacional, como lo hizo en el Dakar el piloto boliviano Leonardo Martínez pidiendo el respeto a la Constitución Política del Estado y al referéndum del 21 de febrero de 2016.

En Bolivia estamos bajo una tiranía muy inteligente que usa la democracia a conveniencia y la ciudadanía utiliza formas de protesta muy convencionales, como la de finales de los años 70 del siglo XX. Parece que no nos damos cuenta de que el método de lucha no funciona, si fuera efectivo, Nicolás Maduro hace mucho ya no sería presidente de Venezuela debido al centenar de protestas en las calles contra su Gobierno. Empero, teniendo el ejemplo del país caribeño, los bolivianos insistimos en las protestas tomando las calles con paros, marchas y bloqueos. Parece que una maldición estuviera sobre nosotros.

¿Qué mal sufrimos entonces? La respuesta es simple: la apolítica. El régimen en 12 años se ha empeñado en hacernos pensar que el quehacer político es execrable. Activistas y plataformas ciudadanas parece que le han tomado la palabra al Gobierno y sus protestas tal como lo mencionó el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, en una multitudinaria manifestación en defensa del referéndum, que la movilización no es política y que esto es una muestra del empoderamiento ciudadano. Olvidando generosamente que el ciudadano goza de derechos políticos y debe ejercerlos. Lamentablemente, la masa en las calles no goza con representación política y esto es muy conveniente para Evo Morales y MAS.

En nuestra historia reciente, Carlos Mesa Gisbert menciona en su libro Presidencia Sitiada: memoria de mi Gobierno, que Gonzalo Sánchez de Lozada utilizó la paradoja del objeto inamovible y la fuerza irresistible para explicar los sucesos que pasaron en febrero y octubre de 2003. El 17 de octubre se dio el choque de la fuerza irresistible contra el objeto inamovible, donde la fuerza quebró al objeto. A partir de ese momento se configura el actual escenario político boliviano. La fuerza irresistible tenía representación política: Evo Morales y el MAS; al igual que el objeto inamovible era Gonzalo Sánchez de Lozada y la cúpula del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Tal escenario es muy lejano hoy. 

Los partidos políticos de la oposición no logran cautivar a la multitud descontenta, tampoco logran generar una propuesta diferente a la gubernamental. Unidad Demócrata, la alianza opositora, se encuentra conformada por Unidad Nacional (perteneciente a la Internacional Socialista) y al Movimiento Demócrata Social (partido socialdemócrata).

Al no existir una propuesta diferente, el escenario político boliviano se resume en la lucha de la izquierda revolucionaria en el poder contra la izquierda deslactosada, en el que el Estado es un botín político donde la administración pública anda en expansión a costa de la población y la ciudadanía descontenta sin representación política parece esperar una propuesta liberal que no existe en el sistema político.

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