OPINIÓN



| 14/09/2017


Una política económica

Tanto el Gobierno como el sector privado admiten que la economía nacional ha entrado en una etapa de de-saceleración. Sobre las causas y las soluciones no hay igual concierto, aunque todas las partes creen que es preciso hacer algo.

Si hay dramatismo en esta situación, es dado por el derrumbe estrepitoso de los ingresos generados por las exportaciones de gas natural, que cayeron un 60% debido a la menor demanda de los países compradores y al precio deprimido.

Por inercia, el Gobierno nacional decidió responder a este momento mediante una agresiva política dirigida a alentar a las empresas petroleras a invertir en busca de nuevos reservorios de gas, para lo que puso en subasta el 24% del territorio nacional.
Pero quizá sea preciso ver la situación con luces altas y asumir que la economía es mucho más que el gas natural y la posibilidad de exportarlo. Con la misma agresividad se deberían planificar medidas dirigidas a los demás horizontes de la economía, mejor si es en los sectores de la producción, de los recursos renovables.

Acerca de esto último, hay un escollo que se debe vencer: las seguridades jurídicas. Las deficiencias que existen en el país en esta materia han sido anotadas por organismos internacionales y por mediciones comparativas en capacidad de atraer inversiones. Los empresarios nacionales también aluden a este escollo cada vez que se los reta a invertir más para aumentar la producción, generar empleos y exportaciones.

Una política económica que se inspire en la actual de-saceleración debería partir de reconocer que el superciclo de los altos precios de las materias primas, que benefició a todos los países productores de materias primas del mundo, quizá no se repita en muchas décadas. 
Por lo tanto, ni Bolivia ni ningún otro país pueden sentarse a esperar el retorno de precios tan altos como los que han pasado, porque la economía del mundo está en un profundo proceso de cambio.

Habrá que poner freno al contrabando, un fenómeno que desalienta a la inversión. Fronteras descontroladas, por un lado, y restricciones a la exportación, por otro, hacen una combinación perversa que se debería eliminar. La demanda interna está creciendo a un ritmo acelerado, según dice el Gobierno nacional, pero por el momento beneficia más a los productores de países extranjeros. Eso habría que cambiar. 








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