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19 de abril de 2018, 4:00 AM
19 de abril de 2018, 4:00 AM

Los mismos que hoy pretenden ampararse en los derechos humanos para reelegirse, les impidieron postularse como candidatos a alcaldes a Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado en 2015. Lo hicieron de una manera tan mañuda y tan artera, que ahora una instancia de las Naciones Unidas ha determinado que sus derechos civiles y políticos han sido violados y que el Estado boliviano debe pagarles un resarcimiento económico.

Como ocurre con todos los atropellos que cometen, el MAS pensó que el asunto quedaría en el olvido y no se imaginó que hoy el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas nos haría recuerdo del tema, haciendo justicia con una compensación que, obviamente, no la pagará Evo Morales, sino que la tendremos que pagar todos los bolivianos.

La historia, que una vez más nos confirma la talla moral y el cinismo del MAS, es más o menos así: Delgado y Maldonado, que se habían separado del MAS, decidieron candidatear a las alcaldías de Cochabamba y Potosí. Ante la osadía de seguir haciendo política fuera del MAS y ante las encuestas que los daban como ganadores, el Gobierno le ordenó a su sumiso Tribunal Supremo Electoral que se inventara un reglamento, absolutamente ilegal e inconstitucional, que decía que para ser candidato en aquellas elecciones regionales de 2015, tenías que haber vivido los dos últimos años en el lugar donde querías postular.

Como estas dos personas habían sido parlamentarias con sede en La Paz, pues entonces no podían inscribirse como candidatos. Se trataba, como lo denunciamos en su momento, de una burda maniobra para inhabilitar a los opositores a como dé lugar, pero le metieron nomás, convencidos de que nadie nunca les pediría cuentas.

Y es que aquí le meten nomás una y otra vez, sin reparo y sin vergüenza, sabiendo que manejan todos los poderes del Estado a su antojo y que muy poco es lo que los ciudadanos podemos hacer para impedirlo, además, creyendo que el poder es eterno y el delito es impune para los todopoderosos.

Pero resulta que la rendición de cuentas ha comenzado por fuera y parece que viene muy en serio. 
Para no ir más lejos, solamente en el transcurso de las últimas semanas, hemos visto cómo la Comisión de Venecia del Consejo de Europa le ha dicho a Morales que su reelección nada tiene que ver con un derecho humano, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido la demanda contra Morales en el caso del Hotel las Américas, como la Organización de los Estados Americanos ha condenado su forzado intento de reelección, y como este otro órgano de las Naciones Unidas ha dictaminado el resarcimiento de daños a los perjudicados disidentes del MAS.

Usted estará pensando que el crimen siempre paga, que la justicia tarda pero llega y además, que si llega no importa de dónde llegue, con tal de que los atropellos a la democracia sean sancionados. Y claro que usted tiene razón, salvo por el detalle de que, en su irreflexiva defensa, el Gobierno se ha dado a la tarea de descalificar a todos estos organismos, ignorando que el fallo de La Haya que podría sernos favorable, vendrá de la Corte Internacional de Justicia que es también un órgano de las Naciones Unidas. Un tiro no en los cachitos de fútbol de Evo Morales, sino en el pie del país.

Lo que todos estamos entendiendo con esto, es que la embarrada que Morales le está dando al país en el ámbito internacional tiene consecuencias y que estas las pagaremos todos.

Y no quiero ni siquiera pensar en lo que nos espera como fruto de las inhabilitaciones y artimañas que deben estar preparando para las próximas elecciones.

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