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OPINIÓN



| 11/06/2018


‘Tomatierras’ en campaña

Dice un informe del empresario Julio Roda que en este momento hay 136 predios agrícolas asaltados en Santa Cruz, algunos de ellos en complicidad con funcionarios del INRA.

Los asaltos a la propiedad de la tierra habían disminuido, pero ahora vuelven a recrudecer, casualmente cuando ha comenzado la campaña electoral del partido de Gobierno.

Este detalle deja sabores diferentes, porque se debe calcular cuánto ayudan o cuánto perjudican los asaltos a la campaña del presidente Evo Morales: si son advertencias o son errores promovidos por quienes quieran patear para el otro arco desde las filas del Gobierno.

En 2014 se aprobó la Ley 477 contra los avasallamientos de tierras, que consiguió reducir estos delitos hasta casi desaparecer: en 2017 solo quedaban 25 predios avasallados.

Roda dijo a El Diario de La Paz que la mencionada ley dio lugar a procesos de revisión de la situación legal de las propiedades, con la desventaja de que algunos de esos datos llegaron a  las manos de los avasalladores.
De esa manera se llegó a que algunos predios que estaban con ciertas lagunas legales quedaron a expensas de los asaltantes, lo que deja abierta la posibilidad de que existiera complicidad entre los funcionarios del INRA y los delincuentes.

Lo cierto es que en este momento, con 136 predios asaltados, los empresarios perjudicados dan la razón a las organizaciones empresariales que, reunidas en el Congreso de Emergencia de Santa Cruz, decidieron pedir al Gobierno las debidas garantías a la propiedad privada. Un principio universal, que se aplica en todas partes, a excepción de los territorios dominados por regímenes socialistas, como Cuba o Venezuela, pero que supuestamente tiene vigencia plena en Bolivia.

Freddy Suárez, de la CAO, repite donde puede la prédica de que se requiere llegar a la ‘propiedad plena’ de la tierra para que el sector pueda invertir y desarrollarse, porque mientras siga esta situación de inseguridad será difícil avanzar.

Los empresarios reunidos en el congreso de emergencia exigen al Gobierno, además de las garantías necesarias para la propiedad de la tierra, el cumplimiento de la Constitución, que reconoce la existencia de las empresas privadas en el país.

Todo este panorama muestra que en Bolivia se está dando una batalla fundamental, referida a la existencia o no de las libertades más elementales de la sociedad occidental y cristiana.







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