Secreto bancario vs transparencia

El Presidente y Vicepresidente del Estado boliviano han mostrado sus cuentas bancarias, como si se tratara de un gesto de honestidad y transparencia, cuando en realidad se trata de una obligación constitucional de todo servidor público. El artículo 235.3 establece, en efecto, que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere “prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”.

Este mandato constitucional, sin embargo, se limita a llenar unos formularios en la Contraloría General con el patrimonio del que ingresa a la función pública (incluyendo sus cuentas personales) y, al final de la gestión, debe verificarse si cuadra la declaración original con su patrimonio saliente, pero nadie hace seguimiento, menos una auditoría a la finalización del cargo.

Todos los requisitos que se exigen para la función pública buscan no solo la idoneidad, transparencia, probidad y cierto profesionalismo en la administración del Estado sino también combatir la corrupción pública, que ha llegado al extremo de corromper a la política.

La Constitución (art. 7.II) establece, igualmente, que “el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia…” Por tanto, si de honestidad se trata, no se puede hacer propaganda con las obligaciones y deberes que impone la Ley Fundamental.

La honestidad exige, precisamente, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales. Según el diccionario de la lengua española, honesto quiere decir justo, correcto, decente, exigencias que no se pueden limitar a difundir unas cuentas personales.

En todo caso, si fueran honestos y transparentes lo primero que tenían que hacer era cumplir la Constitución y las leyes, que juraron defender en la ciudad de El Alto en febrero de 2009. La Constitución en su artículo 168 establece, por ejemplo, que el período de mandato del Presidente y Vicepresidente es de cinco años, y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.

Y como hay que predicar con el ejemplo, honren este mandato constitucional que está blindado además mediante el referéndum del 25 de febrero de 2009 (que aprueba precisamente el texto constitucional), y del 21 de febrero de 2016 (que expresamente prohíbe la reelección presidencial), de modo que los actuales mandatarios no pueden repostularse por cuarta vez.

Los primeros mandatarios serán honestos y transparentes cuando reconozcan, igualmente, que la monstruosa sentencia constitucional 0084/2017 de 28 de noviembre, no puede estar por encima de la voluntad del pueblo, único depositario de la soberanía nacional. En realidad, eternizarse en el poder es una grosera deshonestidad política, que vulnera además las reglas democráticas y los sentimientos del pueblo boliviano.

A propósito de la honestidad, las Naciones Unidas (ONU) aprobaron los principios ancestrales Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo), como normas para una gestión pública eficiente, honesta, transparente y preventiva de la corrupción. Y los gobernantes tienen no solo que reconocerlos y asumirlos como nuevos paradigmas éticos, sino fundamentalmente tienen que ponerlos en práctica en todos y cada uno de sus actos políticos.

Estos principios, entonces, se convierten en auténticos mandatos jurídicos, tienen carácter normativo, y fundamentan todo el sistema constitucional. Sin embargo, nada matará la confianza pública más rápidamente que la creencia de que el empeño anticorrupción está dirigido solo a los que están por debajo de un cierto nivel en la sociedad o, peor todavía, cuando se la “politiza” y se la práctica “eficientemente” solo contra los opositores del régimen de turno. La lucha contra la corrupción y sus efectos perversos es una lucha política, que necesita de la convicción y, sobre todo, del ejemplo de los gobernantes. Por cierto, cuando el gobernante es sincero, recto y honesto, en su Gobierno servirán funcionarios honestos y los villanos irán a esconderse; pero si los gobernantes no son rectos ni honestos, los corruptos harán lo que quieran y los honestos se reducirán al máximo.

El simple reconocimiento de los principios ético-morales o mostrar unas cuentas bancarias, no es suficiente para una gestión pública honesta y transparente, menos para combatir la corrupción, cáncer que tiene en jaque a la sociedad actual.