Quiborax y el tiro por la culata
Casi cada día surgen nuevos elementos que enredan aún más al Gobierno en sus explicaciones de por qué, en 12 años de litigio internacional, no pudo evitar un fallo contrario al Estado, nada menos que de $us 42,6 millones. Ese fue el dinero que recibió el conglomerado NMM-Quiborax como compensación por haber sido expulsado del país supuestamente de manera ilegal, según dice el actual Gobierno, durante la gestión del expresidente Carlos Mesa.
Ya se ha mencionado que el equipo que dirigió Héctor Arce en diferentes momentos no aceptó pagarle a la empresa tres millones de dólares (al que había que descontar 1,5 millones de dólares en impuestos devengados, el pago “real” iba a ser de 1,5 millones). Prefirió seguir pleiteando y, años después, no pudo concretar un segundo acuerdo, esta vez de 27 millones de dólares. Cuando la cifra llegó a 42,6 millones, pagó aceleradamente. Luego se supo que los abogados bolivianos prestaban sus oficinas estatales a los de la parte chilena e, incluso, sus computadoras. Por eso existe el hashtag @TraiciónALaPatria en las redes sociales.
Pero las cosas no terminan de agravarse. Entre los últimos hechos que se han conocido están que los intercambios de email entre los abogados de Bolivia y Chile eran amistosos y cordiales. Se nota que los profesionales bolivianos no tenían muchas ganas de confrontar y de llegar a un fallo a favor del país. Lo segundo, más grave aún, es que la Procuraduría negoció con los abogados chilenos la redacción del desistimiento de la acusación contra el empresario chileno Allan Fosk y otras siete personas, acusadas de haber falsificado documentos que le permitieron a NMM-Quiborax acudir al tribunal internacional del Ciadi (la empresa tenía socios bolivianos, pero se falsificaron documentos para hacer parecer que era chilena).
Ese desistimiento era lo que la empresa necesitaba para recibir los 42,6 millones de dólares de parte del Estado boliviano. Una empresa que casi no invirtió nada, que falsificó documentos, que evadió impuestos, termina recibiendo tamaño premio. ¡La Fiscalía exculpó al empresario chileno para que el Estado pudiera acelerar el pago!
Hay víctimas y beneficiados en este asunto. Uno de los beneficiados es Carlos Mesa, que ha recibido una ola de solidaridad y se halla nuevamente en el centro de la política nacional. Otra beneficiada es la lucha a favor del 21-F. Esta nefasta acusación gubernamental le ha dado nuevos bríos a la gente y ha conseguido que un líder encabece la defensa del respeto al referéndum, precisamente Carlos Mesa. Por eso decimos que el tiro les salió por la culata. Querían acobardar a Mesa con la acusación, pero lograron enfurecerlo.
Una de las víctimas, por los menos política, de este hecho es Héctor Arce, aspirante a ser candidato a la Vicepresidencia por el MAS. Tras revelarse que no tiene dotes como abogado para defender a Bolivia (sino cosas peores), se nota que el oficialismo le ha quitado su respaldo y el MAS, por ello, nominó a Álvaro García Linera, no a Héctor Arce, como candidato a la Vicepresidencia.
