Qué vino primero,¿el huevo o la gallina?
Dicha frase refleja lo difícil que es diferenciar entre la causa y el efecto de algunos fenómenos, incluidos los de tipo económico. No obstante, dado el ambiente politizado en el que vivimos y la estrecha relación entre política y economía, todos parecen tener una opinión sobre cómo determinadas prácticas afectan el desempeño económico del país.
Sin embargo, como bien lo dijo el economista Daniel P. Moynihan: “Todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no a nuestros propios datos”. Es decir, el mérito de nuestras ideas se demuestra solo después de contrastarlas con la realidad; elemental precepto que es rechazado por los socialistas, quienes se rinden ante la seductora idea de que un gobierno grande es favorable para la economía.
Si bien es cierto que algún nivel de gasto público es necesario para construir la infraestructura básica y mantener un sistema legal que regule los contratos y proteja la propiedad privada, un tamaño del Estado excesivo disminuye el crecimiento de la economía por varias razones. La principal es que los impuestos con los que se financia este mayor gasto desincentivan el trabajo, el ahorro y la inversión, y desvían recursos desde el sector privado, que los administra eficientemente tratando de maximizar ganancias, hacia el sector público, que tiene incentivos perversos para crear clientelismo político.
La teoría económica señala que existe un tamaño óptimo para el gasto público del Gobierno, que algunos afirman estaría en el rango del 15% al 25% del Producto Interno Bruto, más allá del cual no solo disminuye la eficiencia de dicho gasto, sino que afecta negativamente al crecimiento del PIB, como se ilustra en la Curva de Rahn.
La realidad confirma dicha premisa ya que, según datos del Banco Mundial, existe una correlación negativa entre gasto público y tasas de crecimiento, luego de controlar por causalidad inversa y otras variables que afectan el crecimiento.
Al analizar países con tasas de crecimiento históricamente altas como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, China y Etiopía, vemos que tienen niveles de gasto público bajos, 20% del PIB en promedio. Asimismo, países con tasas elevadas de gasto público, del 50% del PIB en promedio, como Francia, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Finlandia, acumulan décadas con tasas de crecimiento muy bajas.
Curiosamente, algunos señalan a los países nórdicos como la prueba de que es posible conjugar riqueza con un gran Estado benefactor, ignorando que estos son prósperos, a pesar de tener un Gobierno grande y no gracias a él, ya que durante el siglo XIX e inicios del XX, que fue el periodo cuando tuvieron un alto crecimiento y se hicieron ricos, su nivel de gasto público era muy bajo, menor al 15%.
En el caso de Bolivia, el gasto público se incrementó en la última década del 30% al 35% del PIB, estando entre los países con gasto más elevado de América, ocupando el año 2014 el segundo lugar de Latinoamérica solo por debajo de Cuba. Adicionalmente, y de acuerdo a un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, Bolivia es el tercer país más ineficiente de toda la región en el uso del gasto público. Todo esto explicaría el relativamente bajo crecimiento que hemos tenido a pesar de la bonanza exportadora.
Son tan claras las pruebas sobre lo nocivo que es para el crecimiento de la economía tener un gobierno grande, que solo un ojo cegado ideológicamente podría no verlo. Lamentablemente, los promotores de dicha falacia no cesan de proclamarla, esperanzados en que se haga realidad la frase atribuida por Plutarco a un consejero de Alejandro Magno y popularizada por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, “que una mentira repetida muchas veces, se convertirá en verdad”. (Fuentes: BM, BID y Foundation for Economic Education)
