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20 de diciembre de 2017, 4:00 AM
20 de diciembre de 2017, 4:00 AM

Recuerdo a Karla Lorena por la lucha incansable de su madre, Fátima Soria, que intentó por todos los medios arrancarla del estado vegetal en que la dejó una cirugía por adenoides en la garganta, cuando tenía nueve años. La niña murió el 2012, sin que se haya logrado revertir su sufrimiento, ni se haya logrado justicia.

Más recientemente, nos consternó la tragedia de Paúl Burton Salvatierra, jugador de Oriente, que a sus 24 años ingresó a una operación de hernia de disco, de la cual nunca se recuperó, llegando a la muerte cerebral y al fallecimiento.

En Cochabamba, Benjamín Chincheros, de seis años, fue internado por un cuadro gripal. Una bacteria intrahospitalaria le causó lesión cerebral irreversible, y vive sin moverse ni hablar desde el 2010. Tatiana Chacior también sufrió un daño cerebral irreversible tras someterse a un tratamiento en sus dientes de leche, cuando tenía tres años.

Son más de cinco mil los casos de negligencia médica que han llegado a conocimiento del Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica, de los cuales apenas un 5% han tenido una resolución legal que ampare a las víctimas.

En los últimos años se han presentado por lo menos cuatro proyectos de ley para sancionar la mala praxis. Los colegios médicos se opusieron a todos. “Los médicos no estamos en contra de que entren a la cárcel los colegas que ejercen mal la profesión, pero rechazamos una ley específica  porque no pueden hacerse  normas para cada profesión”, sostuvo en diciembre de 2012 el presidente (ahora por cuarta vez consecutiva) del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, que saltó a la fama por decir, en pleno siglo XXI, que los movimientos sociales no saben pensar ni leer.

Pero ahora los médicos se oponen también al artículo 205 del Código Penal, y llevan ya casi treinta días negando atención médica, en medio de una campaña mentirosa, que no habla, por ejemplo, de la exención de responsabilidad prevista en la norma cuando no se cuente con medios técnicos indispensables. Mientras escribo esto, empiezan a renunciar a sus cargos los directores de centros de salud en El Alto. 

A los colegios médicos les escandaliza que se quiera poner un tope a las tarifas de los centros privados. Les parece una afrenta que haya fiscalización. Se indignan ante la sola posibilidad de que haya castigo para los malos profesionales que causan muertes. Me parece bien, si con la sola existencia de una ley ellos ya se sienten condenados, que renuncien todos. Por algo será.

 

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