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18 de julio de 2018, 4:00 AM
18 de julio de 2018, 4:00 AM

No ha sorprendido la holgada victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en México;  país que estaba siendo corroído por la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Pese a los temores de que el ahora presidente electo se alinee con el populismo, el pueblo lo apoyó. Y luego se insinuó que el nuevo gobierno no seguiría los pasos autoritarios del chavismo de Venezuela ni del sandinismo de Ortega. Pero una cosa es no seguir un modelo totalitario y otra es desentenderse de que se violan las libertades democráticas y los derechos humanos. Es conocida la política mexicana de respeto a los principios de libre determinación de los pueblos y de no intervención. Eso es respetable. No se espera que el gobierno de López Obrador  –especialmente ahora- influya en otros para que sigan un determinado modelo político. 

El gobierno mexicano saliente fue consecuente con la defensa de los DDHH, al integrar el Grupo de Lima, un conjunto de 14 países que no reconocen las elecciones presidenciales de mayo en Venezuela por considerar que no cumplieron las mínimas garantías democráticas, y que exigen el retorno de la democracia. Que se advierta, en esa posición no hay asomo de imponer un modelo; simplemente se pretende que se restauren los derechos de un pueblo.

Sin embargo, quien asumirá la Cancillería en el nuevo gobierno mexicano, afirmó: "México va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención (...) y, hasta ahora, no estamos vislumbrando abandonar esa política". Y añadió que el nuevo gobierno “mantendrá la misma política de "no intervención" respecto a Nicaragua, donde cientos han muerto durante tres meses de protestas contra el gobierno del exguerrillero izquierdista Daniel Ortega, un conflicto criticado fuertemente por EEUU y la OEA”. Pero habrá que convenir que no se cambia de política por atender las tragedias que ocasionan las dictaduras, y cooperar para el retorno de los pueblos a la democracia. 

Si esta actitud es como se teme, se estaría desconociendo la Carta Democrática Interamericana que prevé la acción colectiva: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. (Artículo 20).

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