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20 de febrero de 2018, 4:00 AM
20 de febrero de 2018, 4:00 AM

La decisión política tomada el 21 de enero pasado de abrogar el nuevo código penal con seguridad que no se debió a una toma de conciencia democrática por parte de Morales y su Gobierno, más bien podría obedecer simplemente a una estrategia predefinida en el sentido de sacrificar el polémico código a cambio de blanquear su re-reelección.

No sería de extrañarse que desde un inicio ese hubiera sido el plan, levantar una cortina de humo con la aprobación del polémico código que no era vital para la sobrevivencia de su proyecto político y aprovechar la situación, cual si fuese un caballo de Troya, para pasar por debajo lo que políticamente significaría la vida o la muerte del masismo, sin re-reelección se les acabaría todo.

El plan falló. Después de 12 años de Gobierno perdieron lo más preciado que un político pueden tener; la credibilidad. Y con ella, la confianza de la gente. Las mentiras de antes se gastaron de tanto ser repetidas. Las palancas del odio, antes tan efectivas, ya no funcionan. Pero sin duda alguna que lo que nunca estuvo en sus planes fue perder la calle, y la perdieron contra miles de ciudadanos movilizados con valor y esperanza.

A lo anteriormente citado hay que sumarle los más bajos niveles de popularidad de su historia, y además, con un escenario económico no muy alentador para el próximo año. Según datos del propio Banco Mundial, todo esto nos lleva a prever un futuro inmediato complicado para el Gobierno, situación que podría verse agravada si se sigue actuando sin leer la realidad del país y la voluntad de las nuevas mayorías.

Si bien el presidente no puede anular el fallo del TCP, que por encargo le hicieron a medida, sí puede renunciar públicamente a una futura candidatura a la Presidencia. Además de solicitar oficialmente al nuevo TCP que revise el ilegal fallo. Estas acciones darían señales de que la democracia boliviana comienza a reencauzarse.

Actualmente la aprobación de Evo Morales ha bajado a cerca del 30%. De seguir con esta tendencia, el proyecto masista podría llegar al 2019 tan desgastado que ya no sería viable electoralmente, independiente de quién sea su candidato.

Morales tiene dos opciones. O acata lo que decidió el pueblo boliviano el 21-F y declina su candidatura a presidente el 2019 (lo que le dejaría alguna opción para el 2025), o continúa gobernando de espaldas al pueblo, forzando una candidatura ilegal el 2019. Es su decisión, si sale por la puerta o lo hace por la ventana.

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