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| Hace 6 días


Paro cívico contundente

El discurso del oficialismo antes era que gobernaría escuchando al “pueblo”. Ahora el “pueblo” ha sido bastante claro y preciso: “no a la reelección indefinida”. Ese ha sido el mandato popular en el referéndum del 21-F de 2016; pero, por lo visto, resulta que ya no se gobierna escuchándolo, lo que atenta contra las libertades individuales, los derechos y las garantías de las personas.

Se desea imponer por la fuerza algo que el pueblo ya definió en las urnas, se pretende burlarlo con simples legalismos y el pueblo sale a defender sus derechos. La muestra clara es el paro cívico nacional.

Las leyes por el solo hecho de ser llamadas como tales no significan que siempre tendrán por fundamento a los axiomas morales. Martin Luther King Jr., advirtió tal situación con la siguiente frase: “Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”; como muestra recordemos que el parlamento alemán aprobó una ley que pregonaba que estaba destinada a solucionar los peligros que acechaban al pueblo y al Estado, más conocida como la ‘Ley Habilitante de 1933’, porque habilitaba al canciller Adolph Hitler y a su gabinete a aprobar leyes sin la participación del parlamento. De allí que todas las barbaridades y los suplicios que ocurrieron tuvieron leyes que lo permitieron.

En el caso boliviano, hasta el momento hemos visto puro legalismo y lo más reciente es un Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, amparándose en la ley de organizaciones políticas (que fue aprobada con apuro y sin socialización), habilita al binomio oficialista en las primarias, pese al rechazo de la voluntad popular, tergiversando incluso las decisiones del Poder Constituyente. La base de actuar del TSE es esa ley, que dispone elecciones primarias sin respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016, con lo que se burla la voluntad popular.

Impera el legalismo y es difícil que sea refutado desde lo jurídico y judicial, pues como hemos dicho “el legalismo se justifica a sí mismo”; es decir, los tribunales con el nombre que sea, acaban justificándolo tal como se viene ocurriendo.

Las impugnaciones o el pedido de inhabilitación del binomio oficialista ante el TSE después de las primarias, tiene desventaja y es incierto (con candidato en juego) pues, en el peor escenario, se apunta a un futuro amparo constitucional quedando a merced del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ya dispuso una nefasta jurisprudencia al respecto y motivó todo este embrollo. Habrá incluso quienes sugieran acción de inconstitucionalidad pero todo camino va a Roma (es decir al TCP), al causante de esta barahúnda.

A nivel internacional está muy bien acudir al sistema interamericano de protección de Derechos Humanos; esta vía posee la cualidad de afectar la imagen de un gobierno fuera de sus fronteras, mostrándolo como vulnerador de derechos y libertades, pero ese camino lleva su tiempo y adolece de fuerza coercitiva en concreto. Una muestra de aquello son Venezuela y Nicaragua, por ejemplo. La práctica muestra que no se debe esperanzar única y exclusivamente en ello.

Como vemos, este problema no es esencialmente jurídico sino enormemente político. De allí que el pueblo reacciona y actúa políticamente. Un acto político es todo lo que produce un efecto en el mundo orientado a la emancipación colectiva de las personas; por ejemplo, política es la posibilidad de no ser esclavos o también es la construcción colectiva de la libertad, es la institución de la libertad pública.

El paro cívico nacional en defensa a la decisión popular de la “no reelección indefinida” es una muestra clara de un pueblo actuando políticamente, reclamando el respeto a sus derechos y libertades para no ser esclavos del legalismo, la imposición, la opresión y la dictadura. Si alguien dice que el paro cívico fue político, claro que lo fue y lo será, porque es un pueblo movilizado orientado a la emancipación colectiva de las personas, esto es, liberarse de la opresión y la imposición, no ser burlados por el legalismo arrollador.

Ya varios analistas y actores políticos nacionales afirmaron por los medios de comunicación sobre la necesidad de las protestas en las calles y la resistencia civil movilizada. Para acabar con el legalismo es abrogando las leyes atentatorias de derechos y libertades, dado que ella es su propio soporte, así como ocurrió con la abrogación del Código del Sistema Penal que fue producto del rechazo social a nivel nacional. Se debería abrogar las primarias y promulgarse una nueva ley de organizaciones políticas escuchando al pueblo, esto es, una ley donde se establezca la imposibilidad de la reelección indefinida en respeto de la voluntad del soberano.








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