Bolivia es testigo de otro escándalo vinculado con supuestas irregularidades en la administración pública y lo correcto es que el hecho sea investigado en un marco de absoluta transparencia, sin fueros para los funcionarios que pudieran estar involucrados y sin persecución política por parte de un sistema judicial que deja demasiadas dudas en su accionar.

Esta vez, el hecho ocurre en el municipio de Cochabamba, donde se detectó la adjudicación de mochilas escolares con aparente sobreprecio y ventajas para la empresa ganadora de la licitación. Se trata de la adquisición de más de 90.000 mochilas, con material
escolar, por un valor de 12,4 millones de bolivianos.

Una concejal del MAS y voces de la Aduana señalan que hubo sobreprecio. Con mucha celeridad, la Fiscalía General del Estado designó un equipo especial para indagar el hecho y con mayor rapidez aún el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, recibió medidas sustitutivas a la detención, después de prestar declaración ante un juez.

Similar hecho ocurrió en el municipio de Oruro, donde también se habla de compra de mochilas con sobreprecio.

A diferencia del cochabambino Leyes, el edil orureño es del MAS. El hecho está siendo investigado por la Fiscalía en ambos casos, pero en Oruro fue suspendida la declaración del alcalde, mientras que en Cochabamba se dispuso la aprehensión de la autoridad local.

Sin duda, ambas licitaciones dejan más dudas que certezas.

Hay procedimientos que no están claros y actuaciones de funcionarios que deben ser esclarecidas. Lo que corresponde es investigar con transparencia, sin cometer abusos de poder y sin utilizar el sistema judicial para castigar a los opositores. No obstante, tampoco corresponde que quienes se sienten afectados argumenten afanes políticos en la indagación de estos supuestos hechos de corrupción.

Por el contrario, los alcaldes y sus colaboradores tienen la obligación de abrir los procedimientos y las alcaldías para que se logre el pleno esclarecimiento de los hechos y que se castigue a los responsables, en caso de confirmarse las irregularidades.

Lamentablemente, se ha ‘electoralizado’ prematuramente al país y eso da lugar a que se distorsione toda acción que persiga la transparencia. Frente a ese carácter del sistema político, está la opinión del ciudadano común que –aunque los partidos no lo vean- se da cuenta perfectamente de cuándo se le intenta mentir o engañar.

Antes de la detención del alcalde Leyes, su partido dio a conocer un audio en el que supuestamente un fiscal departamental instruye dilatar la acusación contra un ex edil masista, lo cual también debe ser indagado y castigado si se comprueba la veracidad de la grabación.

La justicia tiene una nueva prueba de fuego para demostrar que busca la verdad y que no está al servicio del partido en función de Gobierno. Hasta el momento, ha tenido más aplazos que aciertos en esa misión. La corrupción debe ser castigada con todo el rigor de la ley, pero las denuncias no deben ser utilizadas para que un partido tenga ventajas sobre otros que no tienen el mismo
poder.