Nada que confiscar
Como van las cosas, el Gobierno central no tendrá nada que confiscar a las gobernaciones en la cuenta del IDH, y quizá tenga que buscar otras fuentes de ingresos para poder solventar los gastos de su planilla de empleados públicos, que se multiplicó por cinco desde 2006.
La angustia que deben tener sus burócratas es que Bolivia figura en las estadísticas del BID como el tercer país con mayores gastos en burocracia innecesaria, supernumeraria, inútil, en América Latina.
Lo más preocupante es que la misma organización regional ha catalogado a Bolivia como el país con la mayor tasa de despilfarro de la región.
Sobre el primer tema, ocurre que el Gobierno había adoptado la costumbre de confiscar a los departamentos productores de gas los recursos que les correspondía por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), creado por Hormando Vaca Díez, antes de que llegara el MAS.
Con esos recursos, el Gobierno central pagaba el Bono Dignidad, que es el nombre que ahora se da al Bonosol, creado por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahora tendrá que buscar otros recursos, porque el IDH ha desaparecido al desaparecer las exportaciones de gas natural.
Es que Argentina ha anunciado que exige una revisión del contrato de compraventa de gas porque Bolivia está enviando 12 millones m3/d de gas en lugar de enviar 20 millones, como dice el contrato. Y eso antes del accidente por el cual se han cortado los envíos de gas a Argentina.
Es decir que Argentina ha decidido no confiar más en un proveedor de gas natural que ha demostrado su incapacidad de cumplir sus compromisos. Y lo mismo ha decidido Brasil, país que sabe muy bien cuánto gas natural le queda a Bolivia, simplemente porque Petrobras, la empresa estatal brasileña, lo sabe muy bien.
Bolivia ha dejado de ser un proveedor seguro en gas en la región porque las reservas dejadas por gobiernos anteriores se han agotado. Y no hay nuevos descubrimientos. Lo dramático es que quienes saben, de veras, lo que ocurre con las reservas de gas, dicen que están por debajo de 3 TCF, por lo que se calcula que el gas se acabe en 2020, y que el consumo interno deba ser confiado a las importaciones.
La pregunta que se actualiza es: ¿y ahora de qué vamos a vivir? Y la tentación es responder diciendo que no se debe olvidar la droga, de la que viven algunos.
