Médicos y Gobierno frente al dolor del pacient

Van 12 días de paro mé- dico y la medida no logra los resultados que los galenos esperan. Casi dos semanas en que los enfermos están obligados a postergar sus requerimientos y soportar sus dolores porque los centros médicos y los hospitales públicos tienen sus consultas cerradas; solo hay atención en emergencias y allí no hay capacidad suficiente para dar abasto a tanta necesidad.

El jueves, en medio del dolor físico, varios pacientes protestaban fuera de un hospital cruceño.

¿Cuántas cirugías se desprogramaron, estudios clínicos, tratamientos y otros servicios por el paro indefinido? Los incendios copan los titulares de los medios de comunicación, pero esta falta de exposición no esconde una realidad que es sufrida por quienes tienen menos recursos económicos, las personas que carecen de dinero para pagar una consulta privada y, peor, un tratamiento de mayor complejidad.

El sistema sanitario privado es costoso en Bolivia. En este problema no hay un solo responsable, sino dos: el Colegio Médico Nacional y el Ministerio de Salud. Los primeros por optar recurrentemente por la misma medida de presión y el Gobierno por no hacer los mayores esfuerzos para resolver el problema en un proceso natural de negociación en el que se busque ganar-ganar, lo que significa demandar y ceder.

La apertura de consultorios móviles, anunciada por sectores sociales como la COB, no alcanza, porque es más una respuesta de impacto mediático que una atención a la urgencia de los pacientes.

A los médicos habría que decirles que la respuesta solidaria que la ciudadanía tuvo con ellos a fines de 2017 tenía otro contexto y razones que involucraban a más que ese sector. Una medida tan radical, en tiempos de necesidad y cuando el corazón de la población está en la solidaridad con las víctimas de los incendios, lejos de tener respaldo, tendrá el efecto contrario.

Los desacuerdos entre los médicos y el Gobierno tienen que ver con los siguientes puntos. Primero, los galenos demandan institucionalización de cargos para otorgar ítems de nueva creación; el Gobierno dice que no se puede echar de los hospitales a los funcionarios que recibirán esos ítems y que ahora son pagados por alcaldías y gobernaciones.

Segundo, los galenos quieren ser incorporados a la Ley General del Trabajo, pero resguardando la jornada laboral de seis horas, mientras el Ministerio les dice que si quieren ser parte de esa norma, deben aumentar el tiempo de trabajo.

En tercer lugar, demandan que el nuevo Seguro Único de Salud (SUS) tenga sostenibilidad con medicamentos y equipos. Cuarto, exigen participar en la elaboración de la Ley del Cáncer, que ya fue sancionada en la Asamblea Legislativa. Quinto, demandan la abrogación de la Ley 1198 que dispone el uso de aportes a la Caja Nacional de Salud para la construcción de 67 centros de salud.

Sexto, piden que la salud sea un sector estratégico, de manera que cualquier nivel del Estado pueda contratarlos si se detecta la necesidad. Si el interés del Ministerio de Salud y del Colegio Médico es la población y sus requerimientos sanitarios, deben demostrarlo con hechos, especialmente en una etapa de crisis como la que vive el país.

Seguir con los hospitales cerrados para consultas y procedimientos programados es criminal, porque pone en riesgo la vida de los pacientes y, sobre todo, porque mantiene la agonía de quienes padecen enfermedades.

Toca que los actores de este conflicto, los unos y los otros, se pongan la mano al pecho, dejen de mantener una pulseada que no lleva a ningún lado y restituyan la normalidad en el ya deficiente sistema sanitario del país