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OPINIÓN



| 06/07/2018


Más allá de la simulación

¡La mesa está servida para un debate condimentado por una buena dosis de susceptibilidad y anacrónicas circunstancias! El proyecto de ley de Organizaciones Políticas (OP) presentado, recoge en gran medida el aporte de diversidad de actores políticos, sociales y especialistas convocados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para concertar una propuesta equilibrada que contribuya a un mejor funcionamiento del sistema político. 

Paradójicamente, llega en un momento marcado por el rechazo a las OP, reconocidas como imprescindibles para alcanzar la titularidad de poder en la democracia representativa. 

Por ahora, son dos temas los que tienen mayor visibilidad. Por un lado, el rechazo oficial al eventual financiamiento estatal indirecto a las OP y, por otro, la sospecha de que la propuesta de normar elecciones primarias ‘internas’ y vinculantes para la nominación del binomio presidencial, sería una maniobra oficialista para legitimar la cuarta postulación inconstitucional del presidente Morales. 

Las dudas del bloque opositor son razonables en un contexto de crónico desacato a la ley, pese a la aclaración de que las primarias no entrarían en vigencia de manera inmediata y que no sería correcto subordinar principios constitucionales a la voluntad de la ‘militancia partidaria’. Las primarias vinculantes obligatorias y simultáneas no toman en cuenta los déficits programáticos ni la arraigada cultura clientelar y caudillista que obstaculiza la construcción de una auténtica democracia interna y el cumplimiento de estatutos.  

Por otra parte, la oposición al financiamiento público a las OP despierta simpatías. Lamentablemente no considera la importancia de garantizar la competencia electoral en igualdad de condiciones, clave para el pluralismo democrático. La política debiera concebirse como un bien público a proteger y no como una mercancía. El apoyo financiero contribuye a transparentar los presupuestos y a poner límites a los gastos de campaña.

La situación se agrava ante la nociva práctica de echar mano a recursos públicos  con fines electorales por parte del  partido en función de Gobierno. El TSE debe asumir un rol activo para erradicar la prebenda que deforma la construcción institucional y el funcionamiento de las OP y de la democracia. Para evitar la privatización de la política, no debiera descartarse la propuesta de financiamiento mixto y el fortalecimiento de una institución históricamente esquiva.

De no hacerlo, la futura ley estará condenada a regular la precaria existencia institucional de OP ancladas en un mundo de simulación y  apariencia  o, lo que es peor, de una institución que los colectivos ciudadanos se resisten reinventar y que el MAS,  con sus pulsiones hegemónicas y configuración corporativa sindical, se empeña asfixiar.








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