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OPINIÓN



| 14/07/2018


Lula y la justicia en Brasil

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta una condena de 12 años y un mes de prisión en el marco del sonado escándalo de corrupción Lava Jato, en el que aparece acusado de recibir un lujoso departamento a cambio de favores en contratos para la constructora OAS.
El caso ha dividido las opiniones en Brasil, a tres meses de las elecciones presidenciales, donde Lula aparece en el primer lugar de las preferencias según todas las encuestas de opinión. Sus partidarios aseguran que se trata de un proceso con tintes políticos que busca impedir la postulación del exmandatario en medio de una profunda crisis de legitimidad del sistema político brasileño.

En cambio, el juez Sergio Moro, que lleva adelante el procesamiento de Lula y de decenas de exfuncionarios y miembros del PT involucrados en el caso, advierte que se trata de un caso estrictamente judicial, donde hay pruebas muy concretas de corrupción en la administración de fondos estatales y mal uso de cargos públicos.

Brasil enfrenta un problema estructural con la corrupción. No comenzó con el Gobierno de Lula da Silva, y basta recordar que dos mandatarios, Fernando Collor de Mello, en septiembre de 1992, y luego Dilma Rousseff, en agosto de 2016, dejaron sus cargos tras enfrentar juicios de responsabilidades en el Congreso de Brasil, que terminaron con su destitución.

Vale recordar que incluso el actual presidente de Brasil, Michel Temer, enfrenta graves acusaciones de corrupción, en el marco del mismo caso de sobornos entre políticos y empresarios.

Este mal endémico afecta a gran parte de la clase política brasileña, desde los partidos de la derecha hasta los de centro y de la izquierda, lo cual explica el malestar y la desconfianza que tienen los brasileños con sus dirigentes. 

La corrupción tiene efectos nocivos directos sobre la democracia, porque carcome recursos necesarios para el desarrollo de los pueblos y mina la credibilidad de la gente respecto de sus representantes. 

Si nos atenemos a la división de poderes, que es uno de los pilares del Estado de derecho, Lula da Silva debe cumplir lo que manda la ley sin mediar privilegio alguno, caiga quien caiga. Como todo ciudadano, tiene derecho a un debido proceso que garantice sus derechos constitucionales a la defensa. Hasta el momento no hay pruebas que Sergio Moro haya hecho lo contrario. Es más, hay muchas voces que aplauden el rol del jurista, aún a pesar de la presión política generada en torno a este caso.

Los brasileños claman por una renovación de su sistema político, que permita combatir más efectivamente la corrupción, que tanto mal le hace a la democracia.





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