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| 23/09/2018


Los jueces y fiscales creen que están en la Edad Media

El problema mayor de la justicia boliviana es que jueces y fiscales actúan “en consorcio”. No existe autonomía entre ellos. El acusador, es decir el fiscal, es el mismo quien debe emitir un fallo, es decir, el juez. Hemos retornado, por ello, a la Edad Media, a una etapa en la que no había los conceptos modernos (liberales) sobre la justicia. A partir de 1600 empiezan a construirse las ideas que desembocarían después en el concepto fundamental de los derechos ciudadanos: las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. No lo opuesto. Y por eso tienen derecho a un juicio justo.

Como en Bolivia no hay diferencia entre jueces y fiscales, y todos son una punta de amigotes de la peor calaña, el ciudadano está totalmente desprotegido. Si el sindicado no tiene recursos suficientes como para poder “convencer” a los operadores de justicia, simplemente estará a expensas de lo que decida ese grupo semimafioso, alucinado con la idea de meter a todos presos.

Eso es lo que ha sucedido en el caso del médico Jhiery Fernández y la triste muerte del bebé Alexander. Como ya se sabe, el fiscal general, Ramiro Guerrero, dice el audio filtrado a los medios se empeñó en la idea de que tenía que “haber un culpable”. El fiscal Guerrero, en la teoría, no puede someter a los jueces, pero en un país sin institucionalidad ello no importa. El que acusa, así como en la Edad Media, es también el que da el veredicto.

Se supone, dice la Constitución, que los fiscales que acusan y los jueces deben defender los derechos de los acusados. Si no hay pruebas suficientes, deberían dejar libres a los sospechosos: si las hay, tendrían que asegurarse de que el sindicado tenga derecho a un juicio justo y que pueda, además, defenderse en libertad.

El fiscal general actúa como si fuera un ministro más del gabinete, sin tener empacho alguno en seguir las órdenes que le dicten de Palacio. El cree que con enfrentarse al ministro Carlos Romero es suficiente para demostrar independencia. No es así. Si hubiera una máquina que detectara si las personas tienen o no conciencia, y ello fuera un requisito para el cargo, Guerrero no habría podido ser nombrado.

Por eso, el dominio político que ejerce el Gobierno sobre los operadores de justicia es la segunda falla estructural de nuestra justicia. Esas pobres personas no hacen más que seguir órdenes, yendo contra sus valores sin ningún problema. Un recuento realizado por la agencia ANF estableció que 10 autoridades, jueces y fiscales, empezando por Guerrero y el fiscal de distrito Edwin Blanco, sabían que el médico Fernández era inocente. Pero no hicieron nada por evitar que sea condenado.








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