Límites entre Chuquisaca y Santa Cruz
El proceso de conciliación administrativa para la delimitación interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz concluyó con la Resolución Ministerial de Presidencia 090/18, del 29 de marzo. Sin duda un proceso complejo que alcanzó niveles de exposición mediática y conflictividad. Por ello, resulta oportuno precisar el uso del procedimiento de conciliación administrativa, acorde a la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y su decreto reglamentario 1560. El 22 de agosto del 2016, la Gobernación de Chuquisaca solicitó la conciliación del proceso de delimitación interdepartamental con el departamento de Santa Cruz.
El Ministerio de Autonomías, hoy Viceministerio de Autonomías, admitió la solicitud de Chuquisaca en aplicación de la ley 339; del tramo que comprende los vértices 1 al 30 de la propuesta de120 vértices presentada por la Gobernación de Chuquisaca. Ya que, mediante informes técnicos–jurídicos, los 90 vértices no admitidos cuentan con límites precisos y con demarcación, a través de las leyes de 1898 del presidente Severo Fernández Alonso; de 1912, del presidente Eliodoro Villazón, y del 2004, del presidente (interino) Hormando Vaca Díez; además de una Resolución Suprema de 1914 del presidente Ismael Montes, que determina la demarcación del límite territorial entre ambos departamentos.
Por tal motivo, de los aproximadamente 509 km que comprende el límite interdepartamental, aproximadamente 462 km ya tienen límites definitivos. A su vez, cabe destacar que, de acuerdo a la normativa para la delimitación de Unidades Territoriales, ambas gobernaciones fueron notificadas y tomaron pleno conocimiento del proceso.
En este contexto, en julio de 2017 se desarrolló el inicio de la etapa de campo para continuar con el proceso de conciliación administrativa para la delimitación de los 30 vértices, o 47 km de tramo que comprende una colindancia natural, del Río Grande, entre los municipios de Villa Serrano, en Chuquisaca, y Pucará, en Santa Cruz. Al ser un límite natural que no genera conflicto, y siendo que ambas gobernaciones presentaron sus propuestas técnicas en este tramo, se ejercitó la voluntad democrática de los habitantes y autoridades entre ambos municipios, mediante la suscripción de un acta de reconocimiento, acorde al art. 82 del DS 1560. Finalmente, el proceso concluyó con la demarcación de los 47 km realizada por el Instituto Geográfico Militar. Más allá del procedimiento de aplicación de la ley 339, y donde la cartera de Autonomías no delimita, sino solo ejerce el rol de autoridad conciliatoria, personeros de la Gobernación de Santa Cruz montaron una campaña de desprestigio en contra de mi persona.
En base a una nota, de fecha 13 de julio del 2016, enviada por el entonces Ministerio de Autonomías a YPFB, que se refiere a la cartografía referencial, es decir, comunicación usual con YPFB en el marco del DS 2567, el funcionario Vladimir Peña y el asambleísta demócrata Marco Mejía, además de otras autoridades electas de esa tienda política, emprendieron acciones difamatorias y tergiversadas de la mencionada nota.
Lo grave del asunto es que nunca se mostró o expuso la existencia de, al menos, siete notas similares, en cuyo común denominador de contenido, el Ministerio de Autonomías, antes del proceso de delimitación solicitado por Chuquisaca, advierte e informa sobre la cartografía oficial referencial de los límites entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, así como la existencia de las leyes de 1898 y 1912.
Sumada a la intencionada actitud de desprestigio, incluso con declaratorias de ‘traidor’ y ‘enemigo’ de Santa Cruz, los mismos personeros de la
Gobernación nunca informaron o se refirieron a la existencia de seis informes técnicos sobre los límites precisos establecidos antes y durante el proceso de conciliación administrativa para la delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz. Finalmente, se pone en evidencia que, se prefirió esconder la información abundante, que aludió favorablemente a los intereses del departamento de Santa Cruz, para tan solo trasladar responsabilidades al Gobierno nacional y a otros, llegando a extremos de ausencia absoluta de ética y moral.
