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| 22/06/2018


La politización del caso Quiborax

Un fuerte tufillo preelectoral se respira con el complejo caso Quiborax, que puede derivar en la apertura de un juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa, a quien el Gobierno parece identificar como su mayor rival en los próximos comicios presidenciales. Ante el riesgo de ser procesado y condenado, el exmandatario, que insiste en que no será candidato, inició una contraofensiva mediática y jurídica que alcanza a dos ministros, al procurador y a una exministra de Evo Morales.

El enredo jurídico-político tiene como efecto una oleada de versiones que confunden y pueden obstruir la identificación clara de los responsables del pago de 42,6 millones de dólares del Estado boliviano como indemnización a una empresa chilena que se adjudicó hace años concesiones en el salar de Uyuni.

Son tres los asuntos que generan abundantes sospechas y dudas. El primero interpela a quienes avalaron el contrato con Quiborax, que luego fue anulado por el Gobierno de Mesa. Este tema no se aborda, pese a ser medular. El segundo ocupa la centralidad de la confrontación política- jurídica y apunta a responsabilizar al vocero de la demanda marítima boliviana por el millonario daño económico que causó la expulsión de la compañía chilena durante su mandato presidencial. La tercera, igual de central, es la cuestionada actuación de la defensa boliviana durante el Gobierno de Evo Morales en el laudo ante el Ciadi, que finalmente perdió Bolivia.

Aunque la expulsión de Quiborax es aprobada prácticamente por unanimidad, la forma en la que se lo hizo habría provocado la millonaria indemnización, según el Gobierno, y es lo que tiene acorralado a Mesa. El exmandatario ha reconocido fallas en los procedimientos de anulación de concesiones, pero asegura que fueron corregidas incluso por su sucesor Eduardo Rodríguez Veltzé. Este es el punto que Mesa debe todavía esclarecer de forma más convincente para quedar libre de sospecha y, sobre todo, de culpa.

Si la verdadera intención del proceso es dar con los responsables del millonario daño, se tiene que considerar con la misma preponderancia las denuncias que alcanzan a funcionarios de Evo Morales que manejaron la defensa del caso Quiborax. En la última semana se ha sabido de que los chilenos usaron un acta falsa en el laudo, lo que debió ayudar a frenarlo. Es llamativa también la revelación de que el Gobierno recibió la oferta de cerrar el proceso con el pago de 3 millones de dólares en vez de lo que al final resultó 42,6 millones de dólares. También es delicada la revelación de que se filtró documentación confidencial boliviana a los chilenos durante una negociación.

En consecuencia, la investigación debería transcurrir con igual celeridad para aclarar la actuación de Mesa como la de los ministros y el procurador acusados. De lo contrario, parecerá ser solo el eje de un sistemático plan de eliminación de un potencial rival electoral del oficialismo.





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