El Deber logo
23 de noviembre de 2017, 4:00 AM
23 de noviembre de 2017, 4:00 AM

Los hechos que nos convulsionan, ocultan los verdaderos problemas que están detrás de sus apariencias. Aún tenemos a nuestra población hondamente segmentada; las ciudades abarrotadas de concentración demográfica, el campo bajo las arremetidas avasalladoras y predatorias, sumidos en la privación de los servicios elementales y la asistencia técnica productiva. 

Y no es que no se haya hecho nada, sino que lo hecho ha sido  insuficiente o errado; porque no se mira el todo para ejecutar políticas, se prioriza lo suntuoso y prescindible, se actúa con improvisación e  inmediatismo, exitismo y cálculo político.  El fin de procurar  la justicia social y económica para los sectores empobrecidos, visibilizarlos y hacer efectivos sus derechos es digno de encomio; lo que no lo es, son los métodos usados. 

Asistimos a las tensiones del traslado de los mercados en nuestra ciudad y el control del contrabando en los caminos y fronteras del país, que están articulados a las ferias de ropa y autos usados, los vendedores ambulantes y otras actividades similares, de los desechos del Primer Mundo. A esta realidad corresponden dos fenómenos socioeconómicos, el desempleo disfrazado de cientos de familias que así buscan sustento diario y una nueva marginalidad.

Nos debe preocupar que decenas de empresas privadas y públicas fracasen, cierren o entren a la informalidad por la presión tributaria ‘recaudacionista’ y la competencia informal; como también por ineficiencia o por perpetuar la aviesa costumbre de cubrir los puestos de dirección y operación con gente inepta por prebenda clientelar antes que por capacidad técnica.

La consigna de ‘igualar pa’ abajo’ ha provocado el estímulo a la informalidad, que en buenas cuentas significa la propia marginalidad, acompañada como viene de su estigmatización; son los ilegales, los contrabandistas, los que trabajan en las sombras, los sucios, los que pugnan por un espacio para  vender lo que sea, pero sin futuro. ¿Es esto justicia social y económica? ¿No es responsabilidad del Estado fomentar, proteger y desarrollar el empleo? ¿No lo es facilitar los accesos a sus instituciones y a la legalidad para garantizarnos el ejercicio pleno de los derechos en condiciones dignas?  

Es inicuo crear una ‘mentalidad marginal’, donde la gente se siente con menor valor, donde la forma de sobrevivir es la pelea cotidiana; que ante los oídos sordos y los ojos ciegos de la institucionalidad, la gente saque sus más bajas reacciones contra la autoridad, resistiendo la buena convivencia y la integración amigable.         

Tags