La necesaria transparencia en Cotas
Un escandaloso robo de Bs 53 millones ha sido detectado en la Cooperativa de Telecomunicaciones (Cotas), el cual ha sido perpetrado desde adentro; es decir, que han sido funcionarios de esta institución quienes cometieron el delito contra la confianza y el dinero depositado por más de 100.000 socios en este departamento.
El robo se produjo en el programa Cotas en cuotas, que consistía en un plan de venta a crédito de productos electrónicos a los asociados, los cuales eran pagados en las facturas de servicios ofrecidos por la cooperativa.
Se detectó en una auditoría interna a las gestiones 2017- 2018 y se suspendió a seis funcionarios supuestamente comprometidos, a quienes se les ha iniciado procesos internos para que devuelvan el dinero. La información fue un duro golpe a Santa Cruz y, particularmente a los socios, porque pone en evidencia la falta de controles internos y reflota el fantasma de la escasa transparencia en el manejo de estos temas particularmente sensibles.
Cotas es asumida como un patrimonio de los cruceños. Fue creada en 1960 con el esfuerzo de los asociados para que esta ciudad y sus provincias pudiesen contar con telefonía, en un contexto de abandono por parte del Estado y de rezago con relación a otras capitales del país y del mundo.
Al haber más de 100.000 socios que confiaron su capital en esta entidad, no es aceptable que desde Cotas se diga que “el daño ha sido interno, no a los clientes ni usuarios de los servicios”. El daño ha sido a la buena fe, a la confianza y a la esperanza de todo un pueblo. En la década de los 90, hubo un fuerte movimiento ciudadano que consiguió que los consejos de administración y vigilancia se abran y rindan cuentas acerca del manejo económico de la cooperativa, tras denuncias de que su manejo estaba en manos de logias y que no se debía a los socios.
Es en ese contexto que Cotas tiene que transparentar la investigación, la cual tiene que ser minuciosa e incluir todo el movimiento desde que se inició el programa Cotas en cuotas, es decir, desde 2011 y no solo las gestiones 2017-2018, a fin de saber si hubo más irregularidades.
Por otro lado, es obligación de la entidad la recuperación de los 53 millones de bolivianos robados y la sanción penal a los responsables, sean del nivel jerárquico que sean. Llama la atención que la cooperativa no hubiera hecho aún la denuncia ante el Ministerio Público y que las indagaciones y procesos sean internos.
No obstante, hay que dejar claro que lo ocurrido no da lugar a que el Gobierno pretenda intervenir a la Cooperativa, pero es fundamental que sus directivos actúen eficientemente para resolver el problema causado por algunos de sus funcionarios. La confianza puesta en las cooperativas de servicios es un valor demasiado valioso como para rifarlo por el apetito de malos funcionarios.
