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| 22/02/2019


La lucha contra el contrabando

Un nuevo enfrentamiento. Un nuevo capítulo de violencia. Una nueva víctima. Es lo que se ha escrito ayer en la historia de la lucha contra el contrabando en Bolivia. Ocurrió en Pisiga, demostrando que el Estado se enfrenta a un monstruo gigante y salvaje, capaz de aplastar sin piedad a todo lo que encuentra a su paso y a seguir provocando que la economía nacional se desangre como efecto de las heridas causadas por la ilegalidad.

El Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando (CEO) dispuso un operativo con militares para evitar el ingreso al país de cuatro camiones cargados con mercadería ilegal. Al ser interceptados, los dueños de estos productos reaccionaron con violencia y –según el informe oficial- incluso portaban cartuchos de dinamita para enfrentarse a los uniformados, a fin de recuperar los motorizados y sus paquetes, objetos que finalmente ardieron en la pampa altiplánica.

Un hombre es la víctima tras recibir un disparo de arma de fuego. Su hermano dice que estaban en el lugar de curiosos. Sin embargo, él se suma a una mujer abatida en enero y dos militares que fueron baleados el año pasado por gente armada que está al servicio de los contrabandistas. Precisamente este último hecho dio lugar a la militarización del control.

En contrapartida, el año pasado se hizo público un informe de Inteligencia de la Policía en el que se denuncia que hay algunos uniformados de la institución verde olivo que favorecen a los contrabandistas en las rutas que van a Chile y Perú. En suma, unos luchan en contra y otros encubren el ilícito.

Lo cierto es que los esfuerzos no han alcanzado hasta el momento. El contrabando sigue siendo uno de los delitos que más dañan a la economía nacional, a los industriales bolivianos cuyas ventas son saboteadas por el ingreso de productos que no pagan impuestos y que se ofrecen muy baratos en el mercado nacional.

La lucha contra el contrabando puede ser calificada como un fracaso de este y de otros gobiernos. Se complica porque, aparte de causar daño económico, perfora las comunidades fronterizas y se convierte en un grave peligro para los que viven en las zonas por donde transitan los camiones cargados de ilegalidad. No se puede desconocer que quienes operan este delito tienen tecnología de punta, tienen armas y se constituyen en una verdadera mafia a la que hay que combatir sin piedad.

 





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