La corrupción en el país
El tema de la corrupción en nuestro país no por repetitivo deja de ser dramático, máxime ahora que parece que hemos llegado a un torrente. Ello, aunado al incesante narcotráfico, hace una combinación que inspira temor, sobre todo por los vínculos directos o indirectos con autoridades o miembros del poder.
La lista es ampulosa; últimamente se agregó el caso de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), cuyo responsable y otras personas fueron detenidos preventivamente y se indaga a ex jefes militares por sospechas de estar involucrados.
En el área del narcotráfico suman los hallazgos de cargamentos fuera del país, muchos de los cuales involucran cientos de kilos de droga; por ejemplo, ocurrió en Bélgica y en Paraguay en el lapso de las dos últimas semanas. Jefes de la fuerza antidroga confirman que los miembros de la mafia organizada están innovando métodos y rutas, ahora a través del Chaco para llegar a la triple frontera, como efecto del mayor control que se ejerce en Brasil.
El sábado fueron intervenidos los aeropuertos de Trinidad y de Santa Ana del Yacuma. Decenas de aviones y de hangares están siendo sometidos a pruebas de microaspirado, con el fin de hallar indicios de que son utilizados para el narcotráfico. Llama la atención la presencia combinada de militares y policías, así como la exclusión de los efectivos del departamento de Beni, lo cual merece mayores explicaciones de parte del Poder Ejecutivo. ¿Es que hay más uniformados vinculados con el crimen organizado?
Asimismo, es necesario conocer a fondo las acciones del Ejecutivo para depurar a quienes pudieran estar involucrados en casos de corrupción y narcotráfico no solo en el Gobierno central, sino también en los gobiernos subnacionales, como en el caso de una ex servidora de la Gobernación beniana.
Está lejos en el tiempo la expresión “corrupción cero” prometida en 2006 por Evo Morales al iniciar su primera gestión presidencial. En sus 13 años de mandato han sido muchos los casos en los que se ha detectado manejo irregular del aparato público y muchos de esos casos se mantienen en procesos judiciales abiertos y sin resolución.
Y mientras la justicia es implacable en casos baladíes, calla, oculta o difiere su accionar en varios actos delictivos mayores, especialmente si los involucrados son miembros del poder.
En este maligno circuito corruptela-droga, el pueblo se encuentra como testigo silencioso, prisionero e indefenso, aunque también harto frente a esa penosa realidad que está afectando a las instituciones nacionales.
