Opinión

La Gobernación, en aprietos

El Deber logo
19 de enero de 2018, 4:00 AM
19 de enero de 2018, 4:00 AM

Continúa la agobiante merma de los recursos económicos de la Gobernación de la ‘locomotora económica’ de Bolivia. En su último informe de gestión anual a la Asamblea Legislativa Departamental, Rubén Costas ha vuelto a exponer el angustiante diagnóstico de las finanzas del gobierno regional, que trabaja cada año que pasa con el agua al cuello por la paulatina reducción de sus ingresos, provenientes básicamente de las regalías petroleras y mineras. 

No hay proporción entre el tamaño del aporte de Santa Cruz al PIB nacional y lo que recibe del Estado por lo que produce. El desequilibro se ha profundizado paulatinamente, en vez de que se le reconozca al departamento más poblado del país lo que por justicia reclama desde hace años. Aumenta impresionantemente la cifra de habitantes, pero no los recursos para atender sus mínimas demandas y necesidades.

Al contrario, los ingresos de la Gobernación cruceña están en picada y se analiza la suspensión de licitaciones y la paralización de varias obras ya programadas si persisten los recortes, como acaba de ocurrir sin  ninguna explicación a fines del año pasado. 
El primer golpe artero a los intentos de administrar de forma autónoma los recursos desde el Gobierno Departamental ocurrió hace años con el IDH, que pasó considerablemente a las arcas del centralismo. Pese a que se dio una dura batalla para recuperarlos, no hubo resultados favorables. 

Al contrario, resultó en ese momento una desgastante y costosa confrontación política. Luego vino la estrepitosa caída de las regalías petroleras, debido a la baja de los ingresos por las exportaciones del gas. Este segundo batacazo, por factores básicamente externos, redujo el presupuesto departamental en más de la mitad. La Gobernación se vio obligada a recortar dramáticamente sus costos y sus inversiones, que tenían un fuerte direccionamiento al desarrollo provincial. 

 Alguna esperanza de recuperación se dio con el inicio de la explotación del megacampo gasífero de Incahuasi, cuya propiedad fue inicialmente reconocida para Santa Cruz. Sin embargo, el cuestionado Tribunal Constitucional se encargó a fines del año pasado de dar el tiro de gracia con un funesto fallo que exige suspender la entrega de recursos por sus regalías a la región cruceña hasta que se solucione un conflicto de límites con Chuquisaca.

Atada de manos, la Gobernación cruceña encabeza desde hace unos años el reclamo del pacto fiscal que tendría que ejecutarse para otorgar equilibrio y ofrecer una sensación de mínima justicia en la distribución de recursos a los nueve departamentos. Sin embargo, se evade y se dilata la discusión de este proceso, que es clave para fortalecer un modelo de Estado autonómico. En un año preelectoral parece casi imposible que el Gobierno ceda a las demandas regionales, pero la lucha de la Gobernación cruceña no debe aflojar.

Tags