Héctor Arce y un meme sobre la traición a la patria
En la danza de incongruencias en la que se encuentra el Gobierno, está la acusación por el caso Quiborax contra el expresidente Carlos Mesa. El Gobierno que, mediante confiscaciones y nacionalizaciones de empresas, ha tenido que pagar 1.000 millones de dólares en compensaciones e indemnizaciones en los últimos 12 años, tiene el tupé de enjuiciar a Mesa por, supuestamente, haber incumplido los protocolos para expulsar a esa empresa chilena de Bolivia. Por ello, el Estado pagó 42,6 millones de dólares.
Primero, entonces, está la incongruencia. En todas las otras nacionalizaciones ordenadas por el Gobierno actual tampoco se cumplieron protocolos de ninguna clase. Y el país pagó 1.000 millones de dólares. Mesa, por lo visto, es considerado como un candidato para las presidenciales del próximo año. Si lo fuera, le ganaría a Evo Morales y por eso el régimen, usando como alfil a su ‘ministro acusador’ Héctor Arce Zaconeta, trata de inhabilitarlo políticamente gracias al control que tiene de la justicia. Para lograr este tipo de cosas es que el Gobierno insistió en elegir a los magistrados por voto: para que aprueben reelecciones ilegales y enjuicien a expresidentes.
Pero las cosas están empezando a dar un giro. La acusación del caso Quiborax podría convertirse en un bumerán desde el momento en que EL DEBER descubrió que el país pudo haberle pagado solo tres millones de dólares a esa empresa, como se negoció en 2008, y no 42,6 millones, como terminó haciéndolo hace poco. Así que Arce Zaconeta no es solo un abogado que persigue opositores, sino que sería también un profesional mediocre que le ha hecho perder al país 39 millones de dólares. Él, como encargado de la protección de las empresas del Estado y responsable durante varias etapas de la defensa de Bolivia ante Quiborax, debió hacer un mejor trabajo. Al que tendríamos que enjuiciar es a él.
Las cosas empeoran aún más para el régimen porque se supo que Quiborax realizó su defensa usando un documento falsificado. Álvaro García Linera admitió aquello, por lo que se llega a la conclusión de que, aun sabiéndolo, el Gobierno dejó que Quiborax ganara el juicio. Y como si eso no fuera suficiente, el abogado chileno con el que se estrecharon las manos muy alegremente las autoridades bolivianas para pagarle los 42,6 millones de dólares es asesor de Chile ante La Haya en el proceso contra Bolivia.
Todo esto sustenta un meme que circula en las redes: las autoridades tendrán que responder si han cometido o no traición a la patria. Y para zafarse de su irresponsabilidad y mediocridad, estas, muy hábilmente, procesan a un exmandatario. Todo, para tratar de allanarle el camino a Morales.
