Hay que tener coherencia

La angurria por el poder del presidente Evo Morales no tiene límites y esta locura ha comenzado a generar una crisis no solo en el sistema constitucional boliviano sino también en el sistema interamericano y de la Organización de los Estados Americanos. Esta crisis comenzó con la monstruosa sentencia constitucional 0084/2017 de 28 de noviembre, que busca la reelección indefinida de los actuales mandatarios, instrumentalizando y distorsionando el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La referida sentencia vulnera la Constitución, a la que el presidente Evo Morales juró lealtad y defender en la ciudad de El Alto. Igualmente, intenta echar por la borda la voluntad popular, materializada en los referéndums del 25 de febrero de 2009 (que aprueba el texto constitucional) y el del 21 de febrero de 2016 (que expresamente prohíbe la reelección presidencial).  

Como venimos sosteniendo, vulnerar la Constitución no puede convertirse en un derecho humano. Por cierto, ninguna convención, pacto o tratado internacional autoriza la reelección presidencial, menos que este derecho político pueda configurarse como un derecho humano absoluto, pues como cualquier otro derecho ─la reelección─ tiene restricciones con la finalidad de armonizar con los derechos de las demás personas en una sociedad democrática.

Toda esta falacia es tan evidente porque la convención se encuentra vigente desde 1969 y a nadie se le ocurrió pretender que esta disposición autorizaba nada menos que la reelección indefinida, y así echar por la borda los derechos de millones de personas que quisieran ser elegidas para la conformación de los poderes públicos. La reelección indefinida siempre estuvo prohibida porque erosiona la separación de funciones, los controles cruzados, la coordinación y cooperación como base y fundamento del ejercicio del poder político del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El periodo presidencial le impone al jefe de Estado la obligación de atenerse al tiempo previamente fijado por voluntad del constituyente y de propiciar la sucesión de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución. En cualquier caso, resulta insostenible el argumento jurídico constitucional de que al ciudadano que ejerce el cargo electivo y que se le imposibilita su reelección a más de una vez consecutiva, se le limite su derecho político. 

Sin embargo, la angurria por el poder no se limita a desconocer nuestro sistema constitucional, sino que el mismo Evo Morales ha comenzado a descalificar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y al propio sistema interamericano y al orden jurídico internacional. Lo evidente es que los actuales mandatarios solo reconocen los pactos y los tribunales internacionales cuando les conviene, y los rechazan cuando no comulgan con sus intereses personales.

Este comportamiento contradictorio de Evo Morales y su Gobierno, resulta siempre contraproducente, pero particularmente ahora cuando existe una demanda en la Corte Internacional de La Haya que busca nuestra reivindicación marítima basada en una teoría del derecho internacional. Si de verdad le interesa al presidente Evo Morales nuestra reivindicación marítima, debe guardar un mínimo de coherencia y respeto por el derecho nacional e internacional, sus representantes y sus tribunales.En todo caso, el Estado boliviano ha suscrito y ratificado la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y está obligado a velar por su cumplimiento y sus autoridades ─comenzando por el jefe del
Estado─, deben tener en cuenta no solamente el Tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho y hacen la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  El desconocimiento del sistema interamericano y del derecho internacional, supone no solo poner en duda la fe del Estado y un menosprecio por esta normatividad que pretende la justicia universal, sino también que la angurria por el poder y los intereses personales (léase reelección indefinida) están por encima de los intereses nacionales. 

Y como ambos intereses no combinan, el presidente Evo Morales tendrá que elegir entre la defensa de los intereses nacionales y la reivindicación marítima y, en este caso, someterse al derecho internacional, o su reelección indefinida y, por tanto, echar por la borda la demanda marítima y de yapa convertir a Bolivia en un paria en el contexto internacional. No hay término medio…