Opinión

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¿Hasta cuándo el aguante?

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2 de septiembre de 2018, 5:00 AM
2 de septiembre de 2018, 5:00 AM

La imposición de una nueva ley de organizaciones políticas por parte del MAS, ¿no tendría que ser el detonante para acabar con el culipandeo de quienes aún creen que es posible frenar los atropellos del Gobierno a punta de reflexiones o en instancias formalmente legales, pero que en los hechos están sometidas al control político del oficialismo? Entran en la lista no apenas la Asamblea Legislativa, dominada por el masismo, sino también el Tribunal Constitucional, como ya lo vimos con la sentencia 0084/2017, que abre puertas a la reelección indefinida de Morales, y ahora también el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El TSE es hoy una vergüenza. Su actuación frente a la última arremetida del MAS, con una apresurada aprobación de la nueva ley de organizaciones políticas, modificada a gusto del propio partido de gobierno, prueba que no está libre del control político del oficialismo. Y lo peor: lo visto en los últimos días demuestra más bien que se ha prestado al peligroso y abusivo juego del MAS, haciendo declaraciones y tomando decisiones que solo le sirven al oficialismo. ¿De qué otra manera se puede interpretar el hecho de que el TSE no hubiera frenado en seco la pretensión del MAS de aprobar la nueva ley, con la clara intención de allanar el camino a la reelección de Morales, rechazada por voluntad popular en el 21-F?

Los integrantes del TSE siguieron el juego de lanzar algunas observaciones al modificado proyecto de ley del MAS, mismas que hoy el mismo TSE desconoce, pero que bastaron para dar una fachada de ‘debate’ sobre una disposición que está lejos de ser garantía de un proceso democratizador de las organizaciones políticas. Está de más entrar en debate sobre si proceden o no las primarias en los partidos para definir binomios y alianzas a fin de año o a inicios de 2019. Es un absurdo que no debiera merecer un minuto en la vida de cualquier boliviano. Y lo es porque a estas alturas del partido es ridículo creer en la buena fe de una cúpula que continúa dando muestras de sobra de atropellos y burlas a la CPE y a la voluntad popular, a la que tanto alude para justificar sus excesos.

En otras palabras: el proyecto de ley de organizaciones políticas no debiera estar ahora en discusión. No durante lo que resta del actual mandato presidencial y de los asambleístas. Claro, sería ideal que durante esta gestión se aprobara una ley para que rija a los partidos y procesos políticos con miras a 2024. Pero ese es un ideal imposible de alcanzar en una coyuntura como la que vive hoy Bolivia, sometida a una cúpula que no disimula su afán de perpetuarse en el poder. Subrayo: una cúpula, no un partido. Porque es importante volver a remarcar: no se trata de cerrar el paso al MAS. El partido puede presentarse las veces que quiera en cuanta elección presidencial haya en el país, pero con candidatos que no sean Morales y García, ya reelegidos en 2009 y 2014, tal como manda la Constitución.

Aquí cabe otra pregunta: ¿por qué la cúpula del MAS defienda a sangre y fuego a Morales y García, en detrimento no solo de lo que manda la Constitución, sino también de sus propios militantes? Eso de que el uno es enviado de Dios y el otro su imprescindible media naranja vale solo para reforzar el mito, pero no explica con claridad por qué ambos se muestran desesperados por perpetuarse en el poder central. Otras preguntas también caben en estos momentos de vitales definiciones políticas: ¿por qué aún hoy hay quienes continúan resistiéndose a reconocer el carácter autoritario y cada vez menos democrático de la cúpula gubernamental?, ¿por qué todavía hay quienes manifiestan esperanzas en la independencia de otras organizaciones del Estado, llamadas a controlar al Ejecutivo, entre otros poderes, cuando sobran muestras de su subordinación al poder central?

Y la pregunta que no quiere callar: ¿hasta cuándo durará el aguante de una sociedad civil que contempla estupefacta, pero aún pasivamente, uno a uno esos atropellos que ponen en riesgo la vigencia de las libertades y las garantías constitucionales en Bolivia?

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