Fuego, mentiras y futuro
Allegados del presidente Morales, califican de “sinceras” y “dignas” sus afirmaciones frente a la expansión de los incendios que han engullido, principalmente en la Chiquitanía cruceña, y que sumados a los del Pantanal y Beni rondan el millón de hectáreas quemadas, configurando uno de los mayores desastres nacionales registrados. Las reiteradas y prolongadas señales y advertencias previas, desmienten de raíz los elogios electoralistas, que propalan los allegados y dependientes presidenciales.
Afirmar que es difícil de parar el incendio, y que en consecuencia se trata de ver cómo evacuar los afectados, como dijo Morales el 19 de agosto, antes que un mensaje realista y honrado viene a ser una exhortación resignada y derrotista, cuando se recuerda que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) había advertido que los focos de calor registrados desde enero de este año exhibían un incremento del 33% con relación a 2018 (“El Deber” 21.08.2019).
La justificación presidencial de que, ni modo, solo queda dejar atrás todo y salvar el pellejo, tendría sentido si el fuego se hubiese presentado como un rayo en cielo sereno, inesperada e inevitablemente, pero resultan ser un intolerable pretexto tardío cuando se sabía que “los focos de calor se dispararon de 212 registrados el mes de julio a 2.295 al 13 de agosto, de acuerdo al monitoreo de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) (Diario “Opinión”, 15.08.2019). En otros términos, de inicios de año a julio y de julio a agosto, no se tomaron acciones y ni siquiera se prepararon planes de contingencia.
Si a eso se agrega el desplante presidencial al anunciar que no es necesaria la ayuda internacional. “Estamos preparados”, termina de dibujarse un nítido cuadro de omisión, incompetencia e irresponsabilidad estatal. El problema de los incendios forestales no es exclusivo del país y ha ocasionado daños a países, mucho más fuertes y preparados que el nuestro, pero con todos los anuncios y señales que se han mencionado queda claro que la preparación y planes de contingencia – no por días o semanas, sino por meses- quedaron en último lugar, muy lejos de las prioridades electorales de los gobernantes y el MAS. Hay una responsabilidad colectiva internacional, que debe ser movilizada por los que sufrimos las catástrofes.
El hecho de que a principios de julio, el presidente firme un decreto, alegando que por derecho al trabajo y la alimentación, se autorizaba a realizar quemas para ampliar la frontera agrícola, de las actuales 4 millones de hectáreas que implica el Plan del Uso del Suelo de la gobernación a 9 o 10 millones, como lo proclamó el gobernador de ese departamento, marca la conexión entre la conducta y planes del régimen con el incremento de riesgos ambientales del nivel de la gran quema de la Chiquitanía y otros mayores en el futuro.
Esto conecta con el tosco y absurdo ejercicio estadístico del vice, el reciente 6 de agosto, relacionando absurdamente el número de árboles por habitantes de países europeos que tienen de 8 a 10 veces la población de Bolivia y una superficie, cada uno, menor a un tercio de la del nuestro. Mientras las llamas se inflamaban y devastaban Roboré y sus inmediaciones, el hombre clave del gobierno nos invitaba a dejar de preocuparnos, “histéricamente”, por los bosques.
Cuando Morales remata, afirmando que “Es importante el control del chaqueo, pero también quiero que sepan: las pequeñas familias si no chaquean, ¿de qué van a vivir?”, trata de achacar a los más pobres un modelo agrícola mediocre, que traga más y más tierras, sin cesar, liquidando los frágiles suelos de las áreas boscosas, para beneficio, principalmente de grandes y poderosos conglomerados transnacionales que imponen y dominan los agronegocios, al postula la falsedad de que el fuego y la continua expansión de la frontera agrícola serían la única opción. El MAS se ha entregado a este “modelo” que asegura beneficios a los que negocian y especulan a gran escala, incluyendo las tierras usurpadas a reserva naturales y pueblos, usadas después como patrimonio inmobiliario, pero que lejos de ofrecer alimentación y derecho al trabajo, construye un seguro camino a la quiebra social y ambiental del país.
