Escenarios de incertidumbre
Es indudable que 2018 ha sido un año muy difícil para el sector privado. La imposición de cargas salariales como el segundo aguinaldo; el aumento desmedido del sueldo mínimo desvinculado de la productividad; el contrabando y la informalidad; la excesiva y persistente burocracia; el trato discriminatorio; el acoso tributario; los adeudos atrasados de las instituciones públicas, entre otras, son situaciones adversas que hemos soportado a lo largo de la gestión y que están generando serias dificultades, especialmente a la mediana y pequeña empresa. La gestión también dejará en el registro la Ley de Empresas Sociales, que es un elemento central en el cuestionamiento a la seguridad jurídica en el país.
La desaceleración de los últimos tres años continúa afectando a las empresas de las regiones de mejor crecimiento y de los sectores productivos. Tenemos departamentos como Tarija, Chuquisaca, Beni y Oruro, cuyo sector privado está viviendo situaciones insostenibles como el cierre, informalización, menor demanda e incluso disminución de contrataciones de trabajadores. Se ha agravado la situación de la industria manufacturera, especialmente en los sectores textilero, maderero y de cueros, y las mypes están cada vez más vulnerables. Un indicador preocupante es el referido a la tasa de expansión de empresas que ha bajado fuertemente, mientras suben los trámites de cancelación de matrículas. Los datos preliminares nos muestran, además, una caída en las utilidades y en la inversión privada.
Sin duda que en este balance existen factores positivos, pero de limitada trascendencia frente a los problemas enfrentados. Los avances en cuanto a la mayor participación de empresas nacionales constructoras en obras públicas es algo destacable, aunque parcial e insuficiente. La eliminación de las barreras a las exportaciones, así como la posibilidad del uso de biocombustibles, en particular el etanol; la decisión sobre los puertos hacia el Atlántico, además del esfuerzo del Gobierno para coadyuvar en la apertura de mercados a productos no tradicionales y los avances para concretar el proyecto del tren bioceánico, la construcción de carreteras y el sostenimiento de la infraestructura destinada a ferias empresariales, son temas que se deben valorar.
En relación a la gestión 2019, nuestra mayor preocupación es que el Gobierno siga con la política de presión, a través de medidas regresivas como los segundos aguinaldos, el acoso impositivo y la política laboral inequitativa. Nos preocupa que se mantenga la negativa obstinada a realizar ajustes al modelo económico, lo que seguirá incidiendo en una mayor precarización de las regiones de menor crecimiento, un aumento de la informalidad y un trato desigual y discriminatorio contra el sector empresarial.
La excesiva politización de la agenda nacional podría representar la apertura de la senda hacia una creciente inestabilidad en 2019. La incertidumbre, la conflictividad social y el deterioro de la institucionalidad tienen graves impactos en la economía, que se retroalimenta generando mayor descontento por menos oportunidades para la sociedad.
Es imposible impulsar inversión privada en situaciones de incertidumbre. Tampoco se puede expandir el empleo, atraer capital externo ni visualizar con esperanza un conjunto de medidas que son indispensables, frente a la evidencia que la realidad económica ha cambiado y que las oportunidades se están perdiendo.
Internamente, el empresariado privado boliviano se enfrenta a la necesidad de fortalecer la unidad como único mecanismo para hacer valer nuestros derechos, pero también para alertar constantemente sobre los riesgos que amenazan transversalmente a nuestra economía.
