En tiempo prestado
Las posibilidades de llegar a las elecciones generales el próximo año libres de irregularidades están a punto de agotarse, agobiadas por la persistencia del Gobierno en buscar una prórroga más para el presidente Evo Morales y su invariable acompañante de fórmula, Álvaro García. Los vaticinios, que hacen del empeño una temeridad, nada bueno auguran para la democracia boliviana que, a 36 años de su instauración, aún pugna por ponerse de pie y consolidar instituciones firmes que la garanticen. No dicen mucho las cantidades de firmas logradas por el partido de Gobierno para inscribirse. Todos, o casi todos en Bolivia, saben que no es demasiado difícil acumular firmas y respaldos desde el Gobierno. Es una de las características de una democracia incipiente, que aún requiere de muchos esfuerzos para afirmarse y de empeños gigantes para afirmar la convicción y práctica necesarias que permitan respetarla.
Las encuestas independientes muestran rechazo creciente al binomio que se instaló en 2006, a la cabeza de un proceso de cambio que ahora luce tan aferrado a sus líderes que tiende a desfigurar gran parte de sus propios logros. Es la típica consecuencia de procesos que derivaron en autoritarismos porque sus líderes carecían de un requisito esencial de la democracia: alternancia y tolerancia.
Todavía enclenque, la democracia boliviana vive en tiempo prestado acosada por la codicia de quienes ven en ella más un botín que un sistema de convivencia civilizada con respeto pleno a las leyes. El concepto sirvió de título para una obra magistral del periodista e historiador inglés Leonard Mosley, al narrar los incidentes del periodo que condujo a la II Guerra Mundial. (On Barrowed time, Random House, New York, 1969). Después de ese cataclismo nada sería igual. Quienes lo provocaron nunca imaginaron su magnitud irreversible, que acabaría por engullirlos, ni los cambios que provocaría.
El tiempo prestado boliviano empieza a correr desde el 21 de febrero de 2016, con el referéndum que tapió legalmente la tentativa de una nueva elección (la cuarta) del presidente Morales. El Gobierno intentó saltarlo acudiendo al Tribunal Constitucional, que ignoró el mandato emergente de ese referéndum, norma suprema de una democracia, y decidió que el presidente era elegible de todas maneras. Lanzó entonces al país a elecciones primarias de partidos políticos para designar a candidatos para las justas de 2019 en las que los candidatos oficiales serán los mismos que el referéndum de 2016 había vetado.
Todo esto ocurre en medio del oleaje levantado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que el 1 de octubre declaró sin valor legal los alegatos bolivianos de que las ofertas de Chile para resolver el enclaustramiento resultante de la Guerra del Pacífico generaban la obligación de abordar el problema y resolverlo.
